La Asamblea Departamental de Nariño aprobó por unanimidad la Política Pública Departamental de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2026–2034, un instrumento estratégico que orienta la acción institucional hacia la consolidación de la paz territorial y se convierte en uno de los principales hitos del actual Gobierno departamental.
Esta decisión fortalece la implementación del Plan de Desarrollo Departamental ‘Nariño, Región País para el Mundo’, al integrar enfoques técnicos, sociales y administrativos construidos a partir de las realidades de los territorios. La política pública busca incidir de manera estructural en las causas históricas de la violencia, la desigualdad y la exclusión que afecta amplios sectores de la población nariñense.
El documento, propuesto desde hace más de una década y aprobada en la actual Administración, brinda herramientas para mejorar la seguridad humana, la gobernabilidad territorial, la cultura de los derechos humanos y la protección de la población civil. El Secretario de Paz y Derechos Humanos, Alex González, destacó que este logro es resultado de un proceso de concertación institucional y ciudadana que permite avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y en el desarrollo de los Diálogos Territoriales de Paz que lidera el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo.
La Política Pública Departamental se estructura a partir de tres ejes estratégicos. El primero se orienta al fortalecimiento del tejido social y comunitario, con acciones dirigidas a reducir prácticas de discriminación, desigualdad y corrupción, así como a promover la reconciliación y la convivencia. El segundo eje prioriza la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la resiliencia territorial, con énfasis en la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto armado, la prevención de vulneraciones y la garantía de asistencia humanitaria a la población civil. Y el tercero, promueve la inclusión de actores sociales en la toma de decisiones, impulsando la equidad de género, participación de lideresas y defensoras de derechos humanos, prevención de violencias basadas en género y la superación de barreras estructurales de exclusión y discriminación.
La diputada Isabel Rodríguez, ponente de la ordenanza, destacó que la aprobación de esta política representa una oportunidad para llevar acciones concretas a los territorios más afectados por la violencia, así como a las zonas urbanas y rurales del departamento: “Construir un Nariño mejor exige herramientas que permitan transformar la realidad de las comunidades y responder de manera efectiva a sus necesidades”.
El respaldo institucional quedó ratificado con la asignación de una inversión inicial de 1.500 millones de pesos, lo que evidencia el compromiso de la Asamblea Departamental y del Gobierno de Nariño con la implementación efectiva de esta política. El diputado Mauricio Rosero, presidente de la comisión, subrayó la relevancia del respaldo presupuestal al señalar que los recursos garantizan que la política trascienda el plano normativo y se materialice en acciones concretas desde las dependencias de la Gobernación.
Con la adopción de la Política Pública de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2026–2034, Nariño consolida una hoja de ruta orientada a la construcción de paz sostenible, basada en la garantía de derechos, la protección de la población civil y el fortalecimiento de la gobernanza democrática.
Este instrumento alinea la acción institucional con estándares internacionales y prioriza la participación de las comunidades como eje central para transformar de manera duradera las dinámicas del conflicto en el territorio.
