La emergencia invernal que golpea al departamento en enero y febrero desbordó la capacidad de respuesta institucional. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo activó el régimen de Calamidad Pública para proteger la vida, acelerar la atención humanitaria y garantizar recursos extraordinarios que permitan atender la crisis en 27 municipios.
Cifras de la emergencia:
• 10 personas fallecidas
• 14.910 damnificados (3.623 familias)
• 293 viviendas destruidas o inhabitables
• 50 puntos críticos viales intervenidos de manera prioritaria
• 4 centros hospitalarios afectados
• 53 instituciones educativas con daños
• 19 acueductos impactados
Durante sesión extraordinaria, el Consejo Departamental consolidó el balance oficial de la temporada de lluvias: 49 eventos asociados al fenómeno invernal, entre ellos 33 movimientos en masa, 8 inundaciones y 6 avenidas torrenciales, afectando gravemente la movilidad, la infraestructura social y los servicios básicos en amplias zonas del territorio.
La magnitud de los daños superó la capacidad ordinaria de atención de los municipios y del propio departamento, lo que motivó la declaratoria de Calamidad Pública como mecanismo legal para agilizar procesos de contratación, movilizar recursos extraordinarios y escalar la atención de la emergencia a instancias nacionales e internacionales.
Según Gabriel Ocaña, Director Departamental de Gestión del Riesgo, la situación ya superó la capacidad ordinaria de respuesta. “Esta declaratoria nos permite actuar con mayor rapidez, movilizar recursos y elevar la emergencia a nivel nacional e incluso internacional para proteger la vida y restablecer los servicios básicos”.
Municipios en mayor afectación
Entre los territorios más impactados se encuentran Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Olaya Herrera, La Tola, Samaniego, El Peñol, San Lorenzo, Ipiales, Mallama, Ricaurte, Ancuya, San Bernardo, Belén, La Unión, Albán, Ospina y Policarpa.
Adicionalmente, nueve municipios ya habían declarado calamidad por cuenta de las lluvias: La Florida, Santacruz, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, La Cruz, Samaniego, San Lorenzo, El Peñol y Mallama.
Vías en riesgo y conectividad regional comprometida
La temporada invernal ha generado pérdidas de banca, colapsos parciales y afectaciones en puentes estratégicos como Sánchez (Policarpa), La Vega (La Cruz) y Janacatú (El Tablón de Gómez), comprometiendo corredores fundamentales para la conectividad regional, el abastecimiento de alimentos y la movilidad de comunidades rurales.
Por su parte Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura reiteró la necesidad urgente de inversión que garantice una transitabilidad segura, protección del abastecimiento y mitigar el aislamiento de comunidades enteras.
Impacto crítico en salud y alerta hospitalaria
El sector salud también enfrenta consecuencias severas. El centro de salud del sector La Oscurana, en Mallama, fue destruido por un movimiento en masa, mientras que en Santa Bárbara de Iscuandé se reportan daños estructurales y afectaciones en la dotación hospitalaria.
“Nariño se acoge a la declaratoria de alerta roja hospitalaria nacional. Estamos articulando acciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la temporada invernal y garantizar atención integral a las familias afectadas”, explicó Wilson Larrañaga, profesional especializado del Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Llamado preventivo ante nuevas lluvias
De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones registradas obedecen a un frente frío atípico para esta época del año y podrían coincidir con la temporada históricamente más lluviosa en marzo y abril, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata.
La declaratoria de Calamidad Pública activa un Plan de Acción Específico con líneas claras de intervención, responsables institucionales y fuentes de financiación para atender de manera prioritaria los sectores de vivienda, vías, agua potable, salud y educación, además de facilitar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.
