La defensa de la institucionalidad también pasa por el respeto a la verdad. El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, inició acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de esclarecer las acusaciones que han circulado en su contra, relacionadas con hechos de extrema gravedad y que, según afirmó, carecen de sustento.
- Se adelanta la estructuración formal de una denuncia para que las autoridades competentes determinen el origen y la veracidad de la información difundida.
- El documento que originó la controversia no sería anónimo, lo que implica responsabilidades directas sobre su contenido y circulación.
- El caso trasciende lo personal y plantea la necesidad de proteger el debate democrático frente a la desinformación.
El accionar jurídico busca estructurar una denuncia contundente que permita identificar responsabilidades frente a la difusión de información que, además de afectar su honra personal, compromete el debate público en un momento de alta sensibilidad nacional en medio del panorama electoral.
El Gobernador de Nariño fue preciso en que el camino elegido es el institucional. La decisión de acudir a la justicia busca que los hechos sean esclarecidos mediante pruebas, evitando que versiones no verificadas continúen generando daño reputacional. “Hemos iniciado acciones judiciales para estructurar una denuncia rigurosa. Aquí no estamos frente a un anónimo. Existe un documento con firma y relato, que fue filtrado a medios generando un daño profundo a mi honra como servidor público”.
En su declaración, insistió en que este proceso permitirá establecer con claridad el origen de la información, así como las responsabilidades de quienes participaron en su difusión.
Uno de los elementos centrales de la defensa es la negación categórica de uno de los supuestos contenidos en la denuncia: “El Gobernador del Departamento de Nariño nunca ha estado en Manta. Nunca. Tendrán que demostrar ante la Fiscalía todo lo que dice ese documento”.
Esta afirmación se convierte en un punto de contraste decisivo dentro del proceso, al tratarse de un hecho verificable que será objeto de revisión judicial.
El mandatario también planteó la necesidad de establecer cómo un documento de estas características llegó al escenario público. Según el Gobernador ese documento debió ser puesto en conocimiento de la Fiscalía y no filtrado a los medios de comunicación de manera que afecte, como se ha hecho, la honra de una persona.
Además, el mandatario regional advirtió que este tipo de situaciones pueden tener efectos más amplios en el contexto democrático, especialmente cuando coinciden con escenarios de discusión pública y electoral. “Creemos que hay una manipulación orientada a incidir en el escenario político. Por eso es importante que la verdad se establezca por las vías institucionales”.
Aunque anunció acciones legales, el mandatario también expresó una postura personal frente a lo ocurrido: “Esto debe tener consecuencias jurídicas. Yo actúo por la vía del derecho. Como hombre, dejo en manos de Dios este episodio, pero como servidor público debo defender mi honra y la institucionalidad”.
