Tras 21 años de restricción territorial, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, firmó el decreto que adopta el Nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras, paso jurídico que habilita al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a evaluar el retorno a la normalidad en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), decretada en 2005 en los municipios de Pasto, La Florida y Nariño.
La decisión fue presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Florida, en audiencia de seguimiento a la Sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional, que vigila el cumplimiento de las órdenes relacionadas con estos territorios ubicados en las faldas del volcán Galeras.
Lo que cambia con la firma del decreto
• Se sustituye el instrumento técnico vigente desde 2005.
• Se actualizan los estudios de amenaza volcánica.
• Se activa la ruta nacional para que el Consejo Nacional vote el retorno a la normalidad.
• La decisión final deberá adoptarse mediante decreto presidencial con soporte presupuestal.
El decreto departamental no levanta por sí mismo la declaratoria de desastre. Constituye el soporte técnico y jurídico, basado en estudios actualizados de amenaza volcánica, que permite escalar la decisión al nivel nacional junto con la definición del soporte presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.
“Lo que viene ahora es la convocatoria al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo para que el señor Presidente Gustavo Petro, derogue el decreto expedido en 2005. Esta ruta es producto del consenso con las comunidades y de estudios técnicos actualizados sobre el riesgo real”, afirmó Carlos Carrillo Arenas, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La declaratoria de 2005 impactó amplias zonas urbanas y rurales de los tres municipios, restringiendo inversión pública, infraestructura estratégica y valorización del suelo, lo que truncó el desarrollo económico y social de comunidades campesinas e indígenas.
“Esta es una decisión política responsable que acompaña una lucha de más de 21 años de nuestras comunidades. Hoy estamos dando un paso para devolver la esperanza a los territorios apostados en las faldas del Galeras. No se trata solo de un decreto, se trata de restituir el derecho a vivir, producir y crecer en su propia tierra”, señaló el Gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo.
Desde el Corregimiento de Genoy, en la zona rural de Pasto, las comunidades indígenas enfrentaron limitaciones en vivienda, infraestructura educativa, vías y equipamientos públicos.
“Han sido 21 años de atraso. No hubo inversión en vivienda ni en infraestructura básica. Esperamos que este paso permita reparar esos daños y activar el desarrollo para indígenas y campesinos que resistieron en el territorio”, expresó José Henry Criollo, Gobernador del Cabildo Indígena de Jenoy.
En el Municipio de La Florida, la declaratoria afectó cerca de la mitad del casco urbano y limitó durante años las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales, así como la inversión en vías e infraestructura. La falta de oportunidades obligó a más de 10 mil habitantes a salir del municipio en busca de sustento, generando una profunda crisis económica y social.
“Fue una lucha social, jurídica y administrativa de más de 20 años. Este plan debe cerrarse con inversión real que reivindique al territorio y permita recuperar las oportunidades perdidas”, afirmó Andrés Felipe Díaz Muñoz, Alcalde del municipio de La Florida.
El proceso marca un punto de inflexión institucional en el cumplimiento de la Sentencia T-269 de 2015 y abre la posibilidad de redefinir el ordenamiento territorial y el futuro económico de la región bajo criterios técnicos actualizados y articulación con el Gobierno Nacional.
La emergencia invernal que golpea al departamento en enero y febrero desbordó la capacidad de respuesta institucional. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo activó el régimen de Calamidad Pública para proteger la vida, acelerar la atención humanitaria y garantizar recursos extraordinarios que permitan atender la crisis en 27 municipios.
Cifras de la emergencia:
• 10 personas fallecidas
• 14.910 damnificados (3.623 familias)
• 293 viviendas destruidas o inhabitables
• 50 puntos críticos viales intervenidos de manera prioritaria
• 4 centros hospitalarios afectados
• 53 instituciones educativas con daños
• 19 acueductos impactados
Durante sesión extraordinaria, el Consejo Departamental consolidó el balance oficial de la temporada de lluvias: 49 eventos asociados al fenómeno invernal, entre ellos 33 movimientos en masa, 8 inundaciones y 6 avenidas torrenciales, afectando gravemente la movilidad, la infraestructura social y los servicios básicos en amplias zonas del territorio.
La magnitud de los daños superó la capacidad ordinaria de atención de los municipios y del propio departamento, lo que motivó la declaratoria de Calamidad Pública como mecanismo legal para agilizar procesos de contratación, movilizar recursos extraordinarios y escalar la atención de la emergencia a instancias nacionales e internacionales.
Según Gabriel Ocaña, Director Departamental de Gestión del Riesgo, la situación ya superó la capacidad ordinaria de respuesta. “Esta declaratoria nos permite actuar con mayor rapidez, movilizar recursos y elevar la emergencia a nivel nacional e incluso internacional para proteger la vida y restablecer los servicios básicos”.
Municipios en mayor afectación
Entre los territorios más impactados se encuentran Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Olaya Herrera, La Tola, Samaniego, El Peñol, San Lorenzo, Ipiales, Mallama, Ricaurte, Ancuya, San Bernardo, Belén, La Unión, Albán, Ospina y Policarpa.
Adicionalmente, nueve municipios ya habían declarado calamidad por cuenta de las lluvias: La Florida, Santacruz, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, La Cruz, Samaniego, San Lorenzo, El Peñol y Mallama.
Vías en riesgo y conectividad regional comprometida
La temporada invernal ha generado pérdidas de banca, colapsos parciales y afectaciones en puentes estratégicos como Sánchez (Policarpa), La Vega (La Cruz) y Janacatú (El Tablón de Gómez), comprometiendo corredores fundamentales para la conectividad regional, el abastecimiento de alimentos y la movilidad de comunidades rurales.
Por su parte Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura reiteró la necesidad urgente de inversión que garantice una transitabilidad segura, protección del abastecimiento y mitigar el aislamiento de comunidades enteras.
Impacto crítico en salud y alerta hospitalaria
El sector salud también enfrenta consecuencias severas. El centro de salud del sector La Oscurana, en Mallama, fue destruido por un movimiento en masa, mientras que en Santa Bárbara de Iscuandé se reportan daños estructurales y afectaciones en la dotación hospitalaria.
“Nariño se acoge a la declaratoria de alerta roja hospitalaria nacional. Estamos articulando acciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la temporada invernal y garantizar atención integral a las familias afectadas”, explicó Wilson Larrañaga, profesional especializado del Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Llamado preventivo ante nuevas lluvias
De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones registradas obedecen a un frente frío atípico para esta época del año y podrían coincidir con la temporada históricamente más lluviosa en marzo y abril, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata.
La declaratoria de Calamidad Pública activa un Plan de Acción Específico con líneas claras de intervención, responsables institucionales y fuentes de financiación para atender de manera prioritaria los sectores de vivienda, vías, agua potable, salud y educación, además de facilitar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.
Arrancar la mata de coca para sembrar dignidad. Con esa decisión colectiva, el resguardo indígena Inda Zabaleta, en el Distrito Especial de Tumaco, dio inicio a la primera fase de erradicación voluntaria de hoja de coca, marcando un hecho sin precedentes en la región.
- Comunidades organizadas lideran la transición hacia economías legales.
- El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, respalda inversión estructural para consolidar el cambio.
- La erradicación voluntaria nace de una decisión histórica en asamblea comunitaria.
“La vida se transforma cuando se arranca la coca. Yo empecé sembrando una hectárea de cacao en medio de la coca y, a medida que iba creciendo el cacao, iba erradicando”, afirmó María Camacho, habitante de Inda Zabaleta.
Su decisión responde a una convicción profunda: “Tengo una niña pequeña y no quiero que viva lo mismo, a mi hijo lo mataron por esas cosas. Necesitamos vivir con dignidad, no solo con lo básico. Que las cosas se vean reflejadas en el territorio”.
La determinación fue adoptada en asamblea comunitaria, consolidando un proceso organizado que busca sanar la tierra y reconstruir el vínculo entre comunidad y territorio. “Hoy estamos marcando un hecho histórico. Este es un proceso que nace de la comunidad, organizado en asambleas, para empezar la erradicación voluntaria y sanar la tierra. Esperamos que los compromisos se reflejen en inversiones reales para nuestro territorio”, señaló Cristian Moreano, Gobernador indígena de Inda Zabaleta.
La Administración Departamental acompañará esta transición con la transformación integral del territorio con proyectos de acueducto, alcantarillado, conectividad y gestión ambiental, liderado por el Gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo.
Según Alex González, secretario de Paz y Convivencia, esta primera fase contempla la erradicación voluntaria y una transformación económica y social. “Hablamos de infraestructura básica y proyectos productivos que consoliden un nuevo modelo para el territorio”.
Inda Zabaleta, territorio que durante décadas enfrentó economías ilícitas, disputas armadas y desplazamientos, avanza ahora hacia un modelo basado en legalidad, productividad y arraigo comunitario, consolidando la paz territorial como una decisión que nace desde la base social y la articulación institucional.
Con el liderazgo del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se entregaron dos nuevas placas huella en el Municipio de Sapuyes, en los sectores de Panamal (Corregimiento El Espino) y Buena Esperanza, ejecutadas mediante convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal. Más que obras viales, estas intervenciones representan inversión directa en organización social, fortalecimiento comunitario y dinamización de la economía rural con el modelo Huellas para la Paz.
- La infraestructura se convierte en una herramienta de construcción de paz liderada por la comunidad.
- Los recursos públicos fortalecen a las Juntas de Acción Comunal y generan ahorro, empleo local y cohesión social.
- La mejora en la conectividad rural impacta de manera directa la economía agropecuaria y reduce brechas históricas entre veredas y casco urbano.
En la Vereda Panamal se construyeron 100 metros de placa huella con una inversión cercana a los $99 millones, mientras que en la Vereda Buena Esperanza se ejecutaron otros 100 metros bajo el mismo modelo solidario. Ambas obras fueron priorizadas por la comunidad y ejecutadas por sus propias Juntas de Acción Comunal, que asumieron la administración de los recursos y la supervisión del proceso constructivo.
El Gobernador, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, reiteró que Huellas para la Paz materializa un mandato cercano a la gente: “No solo entregamos obras, dejamos huellas en el territorio”. El enfoque prioriza presencia institucional en zonas rurales que históricamente no recibieron inversión sostenida, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía y Estado.
Para Nelson Germán Chaucanes, Concejal de Sapuyes, el impacto supera la obra física: “Hoy estamos agradecidos porque este proyecto enriquece a muchos sectores. Los jóvenes, los niños y los adultos pueden transitar con seguridad. Es un recuerdo que queda en nuestro territorio”.
El Secretario de Infraestructura, Gabriel Osejo, destacó que el programa demuestra resultados concretos: 170 proyectos en ejecución en todo el departamento, cinco de ellos en Sapuyes. “Estas placas huella transforman los accesos rurales y fortalecen el empoderamiento administrativo de las Juntas”, afirmó.
Desde la comunidad, Tomás Orlando Oleado, presidente de la JAC de Buena Esperanza, subrayó un elemento estructural del programa: las obras ejecutadas por las Juntas reducen costos frente a esquemas tradicionales de contratación y permiten que la inversión permanezca en el municipio. “Hay ahorro para el gobierno, beneficio para la comunidad y cohesión social”, señaló.
En Sapuyes, estas dos placas huella representan conectividad, competitividad y dignidad rural. Representan un modelo donde el Estado transfiere recursos, confía en la organización comunitaria y construye paz desde el territorio. Huellas para la Paz consolida liderazgo social, activa economías locales y deja capacidad instalada en cada vereda intervenida.
Consolidar una transición real hacia economías legales fue el resultado del encuentro desarrollado en Tumaco entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), donde se ratificó la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca, 15.000 de ellas en el Departamento de Nariño.
• Nariño avanzará en la erradicación voluntaria de 15.000 hectáreas con seguimiento verificable.
• Comunidades liderarán el proceso con autonomía y compromiso ambiental.
• Gobernación respaldará la transformación territorial con inversión social.
Durante la jornada del 11 y 12 de febrero, llevada a cabo en Inda Zabaleta, zona rural del Distrito Especial de Tumaco, se estableció que el proceso de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito contará con verificación internacional y una fecha de seguimiento prevista para el 31 de marzo de 2026.
La sustitución voluntaria será liderada por comunidades campesinas, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, quienes avanzarán en asambleas territoriales para definir el alcance del proceso. El acuerdo incluye el compromiso de no resiembra y protección del medio ambiente como base de la transformación territorial.
“Ratificamos nuestro respaldo a la sustitución voluntaria con las comunidades como protagonistas. Hemos asumido el compromiso de apoyar la protección del medio ambiente y evitar la resiembra. La transformación territorial solo será posible con inversión social, vías, educación, salud y comercialización de los nuevos productos”, señaló Walter Mendoza, vocero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en la mesa de conversaciones.
El proceso incluye el respaldo al ejercicio autónomo que desarrolla el resguardo indígena de Inda Zabaleta, donde se proyecta avanzar en nuevas hectáreas de erradicación voluntaria como parte de la organización comunitaria, compromiso que contará con el acompañamiento del gobierno departamental en la proyección de obras de infraestructura y la estrategia VIDA (Visión Integral de Desarrollo Alternativo).
“El acuerdo ratifica la facilitación para que las comunidades erradiquen voluntariamente 30.000 hectáreas, 15.000 en Nariño. Se respeta la autonomía de campesinos, pueblos indígenas y consejos comunitarios, y se asume el compromiso de no permitir la resiembra. Desde la gobernación acompañaremos este proceso con inversión para garantizar transformación territorial”, afirmó Alex Javier González, Secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño.
Consolidar una ruta institucional para superar una declaratoria de desastre adoptada hace 21 años que mantuvo a tres municipios bajo un régimen excepcional, fue el principal resultado del encuentro entre la Gobernación de Nariño y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En la jornada se acordó la elaboración de un decreto departamental que permitirá avanzar hacia el retorno a la normalidad en los Municipios de Pasto, La Florida y Nariño, así como destrabar procesos históricos de reasentamiento y obras prioritarias para comunidades indígenas y campesinas.
- Gobernación expedirá el decreto que adopta el Plan Integral de Intervención Territorial.
- Se activa la ruta para el retorno a la normalidad tras más de dos décadas de declaratoria.
- La UNGRD financiará con $8.000 millones el reasentamiento en el Municipio de Ancuya, cuya ejecución estará a cargo del Gobierno Departamental.
Durante la jornada, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, destacó la decisión adoptada como paso previo al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo.
“El Departamento de Nariño toma la decisión informada, junto a los Alcaldes de Pasto, La Florida y Nariño, de establecer el decreto que permite acoger el plan de intervención, para que el Señor Presidente pueda convocar el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y declarar el regreso a la normalidad de estos municipios que fueron catalogados como zona de desastre hace 21 años”, afirmó el mandatario regional.
Por su parte, el Subdirector General de la UNGRD, Rafael Cruz Rodríguez, explicó que, una vez expedido el decreto departamental, el proceso continuará ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y posteriormente el Ministerio de Hacienda definirá las partidas presupuestales para financiar las acciones del plan.
En materia de reasentamientos, se confirmó la financiación por $8.000 millones por parte de la UNGRD para el proyecto en Ancuya. Asimismo, en el caso de la comunidad indígena Inga y campesina de El Tablón de Gómez, los recursos ya están asignados y el proceso entrará en fase de contratación. La Gobernación de Nariño reportó un avance del 46 % en la construcción del acueducto y continuará con conexiones domiciliarias, eléctricas y gestión de vivienda.
Con estos acuerdos, el departamento consolida una ruta institucional, basada en corresponsabilidad y acciones concretas, para cerrar una etapa prolongada de excepcionalidad, avanzar en soluciones de reasentamiento y restablecer condiciones de normalidad en territorios que por más de dos décadas permanecieron bajo declaratoria de desastre.
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