La sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño dejó de ser un discurso para convertirse en un acuerdo territorial en marcha. En el resguardo indígena Inda Zabaleta, Municipio de Tumaco, comunidades y Gobierno Departamental iniciaron la erradicación voluntaria de 500 hectáreas de coca, en una decisión colectiva que marca un punto de inflexión en la política antidrogas desde los territorios.
*Una determinación comunitaria que reemplaza economías ilícitas por modelos productivos legales.
*El acuerdo territorial incluye agua potable, reforestación, acceso a tierra y proyectos productivos con enfoque comunitario.
*Nariño se posiciona como referente de sustitución voluntaria basada en inversión pública y construcción de paz territorial.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, fue claro al señalar que este proceso responde a una realidad histórica que el Estado no puede seguir ignorando: “Aquí los campesinos han subsistido de economías ilegales porque el Estado no ha estado. Por eso hoy el mensaje es claro: se necesita una decisión nacional de fondo para transformar estas economías. No podemos dar un paso atrás en la sustitución, ni en la paz”.
La comunidad indígena ratificó su compromiso con el proceso. Cristian Moreano, Gobernador del resguardo Inda Zabaleta, explicó que la erradicación ya está en marcha y que el objetivo es transformar estructuralmente el territorio: “Iniciamos la erradicación voluntaria en conjunto con la Gobernación. Apostamos al cacao, a otros cultivos y a mejorar condiciones como vías, educación y salud para que el cambio sea sostenible”.
El acuerdo establece que la transición comienza al garantizar condiciones básicas de vida. En ese sentido, ya avanzan los diseños técnicos para la construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico en el resguardo, junto con procesos de compra de tierras en articulación con la Agencia Nacional de Tierras.
A esto se suma la restauración ambiental de las hectáreas intervenidas, liderada por autoridades ambientales, como parte de una estrategia que elimina cultivos ilícitos y recupera el equilibrio del territorio.
La transición productiva está enfocada inicialmente en el cacao, sin cerrar la puerta a otras líneas definidas por la comunidad.
La Secretaría de Agricultura del departamento acompañará este proceso con asistencia técnica especializada, viveros comunitarios y desarrollo agroindustrial.
Prinith Jurado, de la Secretaria de Agricultura, explicó que el éxito del modelo depende de asegurar toda la cadena productiva: “Vamos a entregar semillas, acompañar técnicamente y, sobre todo, garantizar la comercialización. Sin mercado no hay sostenibilidad. El objetivo es que estas familias tengan mejores ingresos y calidad de vida”.
Jhon Salguero, de la coalición Unidos por la Paz, lo resume así: “ Aquí hay campesinos, comerciantes, comunidades que creen en el cambio. No hay que ser cultivador para ayudar a transformar el territorio. Lo importante es la unidad. Este proceso no es un juego, es una apuesta real por el futuro”.
El secretario de Paz, Alex González, lo plantea sin ambigüedades: “Aquí estamos demostrando que la solución está en el diálogo con las comunidades y la inversión en el territorio. Esto sí transforma y construye paz”.
El proceso de Inda Zabaleta se conecta con la agenda nacional e internacional sobre política de drogas, donde la sustitución voluntaria y el desarrollo rural comienzan a posicionarse como alternativas reales.
La reactivación del Consejo Departamental de Reincorporación permitió destrabar inversiones y definir acciones concretas para consolidar los proyectos de vida de firmantes de paz en Nariño. La Administración Departamental aseguró recursos y acompañamiento para avanzar en la reincorporación económica, política y social en distintos municipios.
- $1.266 millones en regalías destinados a proyectos productivos para la sostenibilidad económica de firmantes.
- Impulso a la reincorporación política con la financiación de una escuela de formación.
- Acciones comunitarias y restaurativas en Cumbal, Mayasquer y Tumaco, que promueven la reconciliación territorial.
La inversión contempla, además de los proyectos productivos, el respaldo a iniciativas como la escuela política para firmantes de paz, así como procesos de reincorporación comunitaria. Entre ellos, el plan de armonización entre el resguardo indígena de Cumbal y Mayasquer y los firmantes y la proyección de una casa de armonización en La Espriella, Distrito Especial de Tumaco, orientada a la reparación y dignificación de las víctimas.
Marcela Pepinosa, firmante de paz, destacó el impacto de estas acciones en los territorios: “El respaldo a iniciativas restaurativas y comunitarias permite avanzar en la reconciliación. El compromiso con el Santuario de la Memoria y los proyectos en los municipios nos da la fe necesaria para que estas ideas salgan a flote y generen solvencia económica en las comunidades”.
Por su parte Carmenza Santacruz resaltó el trabajo articulado con la institucionalidad: “Se han sumado esfuerzos con compañeros de Buesaco y otras zonas del departamento para que estos emprendimientos sean una realidad en los territorios”.
El Secretario de Paz de Nariño, Alex Javier González, señaló que estos recursos son un paso firme para cumplir los compromisos con quienes le apostaron a la paz.
La Gobernación de Nariño avanza en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz, consolidando procesos que fortalecen la reconciliación, la convivencia y el desarrollo en los territorios. La transformación continua con hechos concretos que dignifican la vida de los firmantes y sus comunidades.
Nariño consolida la reactivación de su Lotería como una estrategia de generación de recursos públicos, dinamización económica y promoción de la legalidad, con el lanzamiento del segundo sorteo extraordinario de 2026, que supera los $36 mil millones en premios.
- La recuperación de la Lotería, impulsada por la Gobernación, proyecta mayores transferencias para la salud, equivalentes al 12 % de las ventas.
- El sorteo extraordinario alcanza un plan de premios superior a $36 mil millones, con un premio mayor de $15 mil millones.
- La estrategia institucional articula control a la ilegalidad, generación de empleo y dignificación de los vendedores de lotería.
Luego de más de dos décadas de intermitencia, la Lotería de Nariño retoma su protagonismo como instrumento financiero del sector salud y dinamizador de la economía popular, en un proceso liderado por el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien ha permitido recuperar la confianza ciudadana y reactivar la venta de billetería en el departamento y el país.
“Esperamos superar los 276 millones de pesos que se transfirieron a la salud en el primer sorteo y consolidar un proceso cada vez más regular. Este es un ejercicio transparente, regulado por Coljuegos y con todas las garantías para la ciudadanía”, afirmó el mandatario.
El segundo sorteo extraordinario, que se realizará el próximo 9 de mayo, cuenta con un robusto plan de premios que incluye un premio mayor de $15 mil millones, así como premios secos de hasta $1.000 millones y otros incentivos que amplían las oportunidades para los jugadores, aumentando la competitividad del sorteo a nivel nacional.
Este crecimiento es resultado de una gestión institucional que, además de reactivar el sorteo, estructuró una estrategia integral para robustecer la entidad. Con esta lógica, la Gobernación puso en marcha el programa “Juega Legal y Construye Paz”, orientado a combatir los juegos ilegales y proteger los recursos públicos que financian la salud en el departamento.
En 2025, esta estrategia permitió transferir más de $3.567 millones al sistema de salud, consolidando a la Lotería como una fuente efectiva de ingresos para el bienestar de la población.
Su gerente, Edén Melo Quetamá, destacó que este proceso responde a una proyección institucional sostenida. “Este resultado es posible gracias al respaldo decidido del Gobernador y su equipo. Hoy, además de reactivar la Lotería, estamos proyectando su crecimiento con sorteos cada vez más consolidados y competitivos”, señaló.
A la par, la Administración Departamental avanza en la estrategia de dignificación de los vendedores de lotería, reconociendo su papel en la economía local e impulsando sus condiciones laborales, en un enfoque que integra desarrollo económico con inclusión social.
Desde el análisis independiente, el periodista nariñense Pedro Pedroza Flores enfatizó en el impacto de esta reactivación. “Se recupera un juego que genera empleo, ingresos para los loteros y recursos para la salud y el deporte. Es una decisión que beneficia a todo el departamento y que devuelve una tradición que unía a los nariñenses”, aseguró.
Con este segundo sorteo extraordinario, la Administración Departamental posiciona a la Lotería de Nariño como un instrumento para la generación de recursos, la promoción de la legalidad y el impulso de la economía regional en una apuesta que articula gestión pública, confianza ciudadana y desarrollo social.
La seguridad y la convivencia ciudadana en los municipios de Nariño avanzan hacia un nuevo nivel de operatividad. Con la entrega de camionetas, vans y equipos de cómputo de última generación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales mejoran su movilidad y análisis de información para proteger la vida en zonas urbanas y rurales. Esta entrega, realizada por la Gobernación de Nariño a través del Comité Territorial de Orden Público (CETOP), garantiza una atención oportuna y eficaz ante cualquier situación que afecte la tranquilidad en el departamento.
- Movilidad estratégica: cinco nuevos vehículos (camionetas y vans) se integran a las labores de Migración Colombia, Fiscalía y Policía Departamental.
- Tecnología para la justicia: 45 computadores optimizan los procesos de inteligencia y planeación de la Brigada 23 y la Policía Metropolitana.
- Inversión transparente: recursos del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) aseguran herramientas adecuadas para la protección de la ciudadanía.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, destacó que estos resultados son fruto de la unidad interinstitucional y el compromiso por defender la vida y mejorar la connivencia: “Trabajamos de manera articulada con Policía, Ejército, Fiscalía y Migraciones. Los resultados en materia de disminución de violencias y fortalecimiento de la justicia son evidentes. Hoy ponemos estas herramientas al servicio del territorio para mejorar el actuar institucional y proteger a nuestra gente”.
Por su parte, el Coronel Carlos Andrés Gutiérrez Ruiz, Jefe de Estado Mayor de la Brigada 23 del Ejercito Nacional, resaltó el impacto en las operaciones: “Estos equipos potencian toda la capacidad operativa y el planeamiento militar para el desarrollo de operaciones en Nariño. Los computadores permiten que nuestros batallones mejoren su desempeño en la misión de proteger el departamento”.
Jairo Otero, director regional de Migración Colombia, también destacó el trabajo articulado entre las instituciones, señalando que los recursos del FONSET, administrados por la Gobernación de Nariño, han permitido dotar de herramientas que optimizan la capacidad de respuesta y garantizan una atención adecuada a la ciudadanía, en línea con los estándares de seguridad nacional.
La incorporación de estos recursos tecnológicos y de transporte representa un avance significativo en la modernización de la seguridad ciudadana. El uso de herramientas digitales para el análisis de datos permite anticipar riesgos y actuar con mayor precisión en los 64 municipios, facilitando el acceso a la justicia en zonas apartadas.
Este proceso se consolida mediante un trabajo articulado entre la Fuerza Pública y el Gobierno Departamental, donde la seguridad se posiciona como pilar fundamental para la paz territorial y la protección de la vida como eje central.
Nariño avanza en la implementación de decisiones estructurales para enfrentar la crisis fronteriza y dinamizar su economía, luego del Consejo de Ministros liderado por el Presidente Gustavo Petro Urrego, quien adoptó medidas concretas en sintonía con la visión territorial del departamento.
• Retorno a la normalidad en los Municipios de Pasto, La Florida y Nariño, tras el levantamiento de restricciones asociadas a la ZAVA.
• Creación de la Zona de Intervención Especial de Frontera con medidas tributarias, financieras y comerciales para la reactivación inmediata
• Viabilización de la empresa minera Prominar con participación de la Nación, como apuesta para la formalización y generación de ingresos.
• Implementación de las Zonas Francas de Economía Popular en municipios fronterizos como estrategia de largo plazo para la competitividad.
Durante el balance del encuentro, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, destacó que las decisiones adoptadas reflejan una articulación efectiva entre el Gobierno Nacional y las apuestas estratégicas del departamento.
“El Gobierno Nacional escuchó, atendió y tomó decisiones que responden a la realidad de Nariño. Hoy tenemos medidas de corto plazo para aliviar la crisis, pero también apuestas estructurales que fortalecen nuestra economía”, afirmó.
Entre los avances más relevantes se encuentran el retorno a la normalidad en municipios que permanecían bajo restricciones asociadas a la declaratoria de ZAVA, una medida que, tras más de 20 años, permitirá reactivar la vida económica, social y cultural en Municipios como Pasto, La Florida y Nariño.
En materia económica, se adoptarán mecanismos de aranceles y subsidios inteligentes para mitigar el impacto de la crisis binacional, incluyendo la reducción a 0 % de aranceles para productos esenciales provenientes de Ecuador, lo que contribuirá a estabilizar el abastecimiento y proteger el consumo en la región.
De manera complementaria, el decreto que habilita las Zonas Francas de Economía Popular abre una nueva perspectiva para los municipios de frontera, al facilitar condiciones para la inversión, el comercio y el fortalecimiento de unidades productivas locales en contextos de alta vulnerabilidad.
Uno de los anuncios más relevantes es la participación del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, como socio de la Promotora Minera de Nariño (Prominar), una empresa de economía mixta que integrará a la Nación, el departamento, los municipios, cooperativas y ciudadanía.
“Esta es una decisión colectiva para transformar la economía minera del departamento, pasando de la informalidad a modelos legales, con beneficios directos para las comunidades y generación de rentas públicas”, explicó el mandatario.
Estas decisiones se complementan con la revisión de acciones de emergencia en las Zonas Especiales de Frontera, orientadas a contrarrestar los efectos de las medidas arancelarias externas y proteger el tejido productivo regional.
Con este paquete de medidas, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con Nariño como un territorio referente para la transformación productiva del país, consolidando una agenda que articula respuestas inmediatas a la crisis con instrumentos de largo plazo para el desarrollo económico, la formalización y la competitividad regional.
En la Laguna de Chimbuza, Municipio de Roberto Payán, comunidades rurales continúan en un proceso de sustitución de cultivos ilícitos que transforma la economía local a partir de la producción de panela y cacao, en una estrategia que articula paz territorial, seguridad alimentaria y desarrollo productivo en el Pacífico nariñense.
- Más de 300 hectáreas están hoy en producción de caña panelera, con proyección a 1.000 hectáreas en sustitución de cultivos ilícitos.
- El proceso se consolida como experiencia piloto de transición hacia economías legales en el desarrollo de los diálogos de paz.
- La sostenibilidad del modelo depende de inversión pública y acceso a mercados para la comercialización de los productos.
Durante un recorrido por la zona, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, evidenció los avances de un modelo productivo que pretende reemplazar economías ilegales por sistemas agrícolas sostenibles, construidos desde las comunidades. La transformación productiva en este territorio se sustenta en el trabajo campesino, el arraigo territorial y la generación de ingresos legales.
“Hoy las comunidades están demostrando que sí es posible transitar hacia economías legales. Aquí ya hay más de 300 hectáreas en producción y el objetivo es llegar a 1.000 entre caña y cacao. Esto reduce cultivos ilícitos, también corta cadenas de ilegalidad y abre oportunidades reales para la gente”, afirmó el mandatario.
El proceso, impulsado como iniciativa comunitaria como en el ámbito de los diálogos de paz, ha permitido disminuir la presión de los cultivos ilícitos en la zona y generar condiciones de mayor estabilidad social. Sin embargo, los actores del territorio coinciden en que el siguiente paso es garantizar condiciones de sostenibilidad económica.
“Las comunidades dieron el primer paso: sustituir. Ahora se necesita inversión y, sobre todo, comercialización. Si no logramos vender el producto, este esfuerzo no se sostiene. La panela que se produce aquí tiene que llegar a mercados nacionales e internacionales”, señaló, Andrés Allende, vocero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Desde las organizaciones locales se plantea además la necesidad de escalar hacia procesos de transformación productiva en el territorio, que permitan generar valor agregado y evitar la intermediación. La instalación de plantas de procesamiento de cacao y derivados, así como la consolidación de economías tradicionales que permitan afianzar un modelo económico propio.
El impacto del proceso se refleja en la vida cotidiana de las comunidades. La recuperación de la tranquilidad ha permitido reactivar la educación y el tejido social en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
“Hoy los niños pueden estudiar, los docentes pueden llegar al municipio y las familias viven con mayor tranquilidad. Antes la preocupación era la violencia; hoy hablamos de proyectos productivos y de futuro”, expresó Diana Montealegre, docente de la Institución Educativa Policarpa en la Laguna de Chimbuza.
La sustitución de cultivos en Roberto Payán se configura como una experiencia real de construcción de paz desde los territorios, que requiere articulación entre el Gobierno Nacional, la cooperación internacional y las instituciones regionales para consolidar su sostenibilidad. Con estos avances, Nariño posiciona un modelo de transición productiva que evidencia que la paz también se construye desde la economía, el trabajo comunitario y la dignificación del campo.
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