La defensa de la institucionalidad también pasa por el respeto a la verdad. El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, inició acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de esclarecer las acusaciones que han circulado en su contra, relacionadas con hechos de extrema gravedad y que, según afirmó, carecen de sustento.

• Se adelanta la estructuración formal de una denuncia para que las autoridades competentes determinen el origen y la veracidad de la información difundida.
• El documento que originó la controversia no sería anónimo, lo que implica responsabilidades directas sobre su contenido y circulación.
• El caso trasciende lo personal y plantea la necesidad de proteger el debate democrático frente a la desinformación.

El accionar jurídico busca estructurar una denuncia contundente que permita identificar responsabilidades frente a la difusión de información que, además de afectar su honra personal, compromete el debate público en un momento de alta sensibilidad nacional en medio del panorama electoral.

El Gobernador de Nariño fue preciso en que el camino elegido es el institucional. La decisión de acudir a la justicia busca que los hechos sean esclarecidos mediante pruebas, evitando que versiones no verificadas continúen generando daño reputacional. “Hemos iniciado acciones judiciales para estructurar una denuncia rigurosa. Aquí no estamos frente a un anónimo. Existe un documento con firma y relato, que fue filtrado a medios generando un daño profundo a mi honra como servidor público”.
En su declaración, insistió en que este proceso permitirá establecer con claridad el origen de la información, así como las responsabilidades de quienes participaron en su difusión.

Uno de los elementos centrales de la defensa es la negación categórica de uno de los supuestos contenidos en la denuncia: “El Gobernador del Departamento de Nariño nunca ha estado en Manta. Nunca. Tendrán que demostrar ante la Fiscalía todo lo que dice ese documento”.

Esta afirmación se convierte en un punto de contraste decisivo dentro del proceso, al tratarse de un hecho verificable que será objeto de revisión judicial.

El mandatario también planteó la necesidad de establecer cómo un documento de estas características llegó al escenario público. Según el Gobernador ese documento debió ser puesto en conocimiento de la Fiscalía y no filtrado a los medios de comunicación de manera que afecte, como se ha hecho, la honra de una persona.

Además, el mandatario regional advirtió que este tipo de situaciones pueden tener efectos más amplios en el contexto democrático, especialmente cuando coinciden con escenarios de discusión pública y electoral. “Creemos que hay una manipulación orientada a incidir en el escenario político. Por eso es importante que la verdad se establezca por las vías institucionales”.

Aunque anunció acciones legales, el mandatario también expresó una postura personal frente a lo ocurrido: “Esto debe tener consecuencias jurídicas. Yo actúo por la vía del derecho. Como hombre, dejo en manos de Dios este episodio, pero como servidor público debo defender mi honra y la institucionalidad”.

En la audiencia convocada por la Asamblea Departamental, el Gobierno de Nariño presentó un balance técnico de la ejecución, confirmando avances concretos y una hoja de ruta de largo plazo del Pacto Por la Vida y la Paz en Nariño.

• 134 proyectos cuentan hoy con cierre financiero y fuentes definidas entre Nación y Departamento, en sectores como vías, agua potable, saneamiento básico y desarrollo agropecuario.

• Articulación de recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Regalías, priorizados con participación territorial.

• El Pacto Territorial se consolida como instrumento de transformación estructural a 10 años, basado en co-responsabilidad institucional y control social.

El Secretario de Planeación Departamental, Armando Rosero, fue claro en el punto central del balance: el Pacto ya está en fase de ejecución. “Hoy tenemos 134 proyectos aprobados con recursos garantizados. Eso significa cierre financiero en sectores primordiales que impactan directamente la calidad de vida: vías, agua potable, saneamiento y proyectos productivos”, explicó.

Entre los avances destacados se encuentran iniciativas estratégicas como la vía Sandoná–Linares, actualmente en trámite ante el Ministerio de Transporte con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos; el sistema de alcantarillado de San Pablo; acueductos en Taminango; y proyectos agropecuarios en la costa pacífica y la región de cordillera.

Más allá de los proyectos, Armando Rosero planteó un desafío: cerrar la brecha entre ejecución institucional y comprensión ciudadana. “El pacto es la articulación de inversiones existentes, priorizadas con las comunidades. Necesitamos reforzar la pedagogía para que la gente entienda que estos proyectos son suyos y que el proceso es de largo plazo”.

Desde la Asamblea Departamental, el Presidente Cristian Díaz Bastidas destacó el papel de control político y seguimiento: “Estamos hablando de una inversión cercana a los 12.2 billones de pesos para los 64 municipios. Esta audiencia permite conocer qué está en ejecución, qué está en proyección y qué se desarrollará en vigencias futuras”.

El Alcalde de Sandoná, Byron Zambrano, destacó el impacto directo del pacto en su municipio: “Tenemos proyectos en marcha como la vía Sandoná–Linares y sistemas de acueducto y alcantarillado. También avanzamos en la llegada de educación superior al municipio. Esto demuestra que el pacto sí está aterrizando en los territorios”.

En la misma línea, el Alcalde de Consacá, Weykman Jojoa Parra, subrayó el alcance regional: “Para la zona occidente hay cinco proyectos proyectados por cerca de 387 mil millones de pesos. Esto es un impulso real para nuestras comunidades. La paz se construye con inversión en territorio, no solo con acuerdos”.

Uno de los mensajes más contundentes de la audiencia vino desde el nivel local. El concejal de Yacuanquer, Sebastián Guerrero, puso el foco en la necesidad de información clara: “La gente necesita entender cómo funcionan estos recursos. Cuando hay información clara, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay paz”. Su intervención evidenció una realidad: el avance del pacto no solo depende de la ejecución técnica, sino de la capacidad institucional de comunicarlo y hacerlo comprensible.

En respuesta, el Gobierno Departamental anunció que replicará estos ejercicios en distintos territorios para acercar la información a las comunidades. La audiencia en Sandoná dejó una señal contundente: la transformación territorial exige algo más que recursos; requiere presencia institucional, explicación pública y corresponsabilidad.