La suspensión de recursos por parte de organizaciones internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dejó sin asistencia a más de 40.000 migrantes en tránsito por el departamento de Nariño. Ante esta situación, la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, en su rol de Secretaría Técnica, convocó de manera extraordinaria a la Mesa Departamental de Migraciones para coordinar estrategias de atención humanitaria.
Para enfrentar esta crisis, se pondrá en marcha un plan de contingencia, articulado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Cancillería, el Instituto Departamental de Salud, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y las alcaldías de Ipiales y Pasto. La implementación de este plan fortalecerá las medidas de prevención, protección y asistencia humanitaria, con especial énfasis en grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, lactantes y adultos mayores, quienes enfrentan mayores riesgos durante su tránsito por el departamento.
En Ipiales, 19.083 migrantes han decidido establecerse en este municipio, de ellos 3.787 no cuentan con estatus migratorio regular. En Pasto, la cifra asciende a 15.964 migrantes, de los cuales 7.488 se encuentran en situación irregular.
“Desde 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementó una estrategia de atención a través de un equipo móvil de respuesta, que coordina acciones territoriales para identificar riesgos en niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente aquellos separados o no acompañados. En este proceso, hemos brindado acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario, a 617 niños migrantes en tránsito y a cerca de 20 familias en los municipios de Taminango, Pasto e Ipiales, muchas de ellas sin un estatus migratorio regular”, señaló Paula Andrea Rosero, del grupo de asistencia técnica de protección del ICBF.
La Mesa Departamental de Migraciones, buscó articular acciones y promover la oferta institucional del nivel local, regional y nacional para la protección y promoción de los derechos de la población migrante y connacionales retornados en el departamento.
