El Gobierno Nacional respalda el camino que recorre Nariño hacia una paz territorial sostenible y duradera.
En Tumaco se desarrolló la primera Audiencia Pública del Proyecto de Ley 002 de 2025, convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El espacio reunió a comunidades indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, autoridades locales y congresistas, para analizar un marco jurídico que impulse la paz total y fortalezca la seguridad ciudadana.
Durante la audiencia, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, destacó la reducción de la violencia en el Pacífico nariñense, al pasar el Distrito de Tumaco de una tasa de 86 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2019, a estar hoy por debajo del promedio nacional, con la proyección de llegar en 2025 a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes; una cifra 9 puntos por debajo del promedio nacional proyectado (26) y que equivale al 64% de la tasa del país. Así mismo, destacó las inversiones por más de 80 mil millones de pesos en vías, colegios, salud y proyectos productivos, que fortalecen la confianza ciudadana y respaldan la transición hacia escenarios de diálogo genuino.
“Tumaco pasó de ser el municipio más violento a estar entre los tres menos violentos del país. La paz no puede ser bandera política: necesitamos un compromiso real con la sustitución de economías ilícitas y cambios estructurales en los territorios”, señaló el mandatario regional.
Por su parte, el Viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Dueñas, explicó que la iniciativa se basa en tres ejes: negociación con grupos armados, sometimiento y desmantelamiento de estructuras criminales, además de un tratamiento especial para los territorios. Precisó además que, “La paz no se construye desde Bogotá, se construye en los territorios. El proyecto no contempla amnistías ni indultos para delitos graves, sino penas reducidas y medidas alternativas dentro de la justicia transicional. Busca un equilibrio entre justicia y paz, fue construido durante tres años con participación de víctimas y sociedad civil, y combina un enfoque técnico del Ministerio de Justicia con la gestión política del Ministerio del Interior. Ahora se encuentra en manos del Congreso, abierto a ajustes en audiencias públicas”, puntualizó Yefferson Dueñas.
Asimismo Carlos Augusto Erazo Murcia, jefe de la Delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo con Comuneros del Sur, afirmó que la propuesta respalda las negociaciones en curso en Nariño: “Se necesita un marco jurídico de carácter político porque la cúpula de Comuneros del Sur está involucrada en delitos de lesa humanidad. Por eso este proyecto pone a las víctimas en el centro, con su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El jefe negociador del Gobierno, David Cruz, resaltó que ya existen avances concretos en sustitución de cultivos ilícitos: “Se han sustituido 15.000 hectáreas, 10.000 de ellas en Nariño. Lo que falta es un marco jurídico que destrabe las negociaciones y dé garantías a quienes transiten a la vida civil”.
El congresista Alirio Uribe Muñoz, coordinador ponente del proyecto, aseguró que la iniciativa brinda respaldo jurídico a los procesos de diálogo y sometimiento en marcha: “Felicitamos a Nariño porque hay una ciudadanía, un movimiento social y de víctimas muy activo. Gracias a esas expectativas de paz se ha logrado disminuir la violencia, la tasa de homicidios, el reclutamiento forzado y el uso de minas antipersona. Esa voz debe llegar al Congreso para mostrar la importancia de este proyecto de ley”.
La audiencia reunió a representantes del Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño, Alcaldías y comunidades, y se consolidó como un espacio de construcción colectiva que ratificó que la paz se forja desde los territorios con la voz ciudadana y el compromiso institucional para transformar realidades que durante años estuvieron marcadas por la guerra.
