La disposición final de aproximadamente 32 toneladas de productos decomisados durante el año 2024 busca impedir su comercialización ilegal, proteger la salud pública y salvaguardar las rentas del departamento.
- $1.678 millones: valor comercial aproximado reportado para las mercancías decomisadas.
- 134.497 unidades: productos destruidos entre bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos y otros elementos relacionados con la comercialización ilegal.
- Control institucional: organismos departamentales y entidades de vigilancia acompañaron el procedimiento para verificar su ejecución.
La destrucción de las mercancías decomisadas constituye una acción de control frente a la comercialización ilegal de productos que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores y afectar los recursos públicos del departamento. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Operativo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda Departamental, con el acompañamiento de organismos de control y entidades responsables de la vigilancia sanitaria y ambiental.
La jornada se desarrolló en el relleno sanitario Antanas, operado por Veolia, en el sector de Altos de Daza, en Pasto. Al procedimiento asistieron representantes de la Contraloría Departamental, la Procuraduría, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, Corponariño, la Personería de Pasto y Control Interno de la Gobernación de Nariño, entre otras entidades.
El inventario incluyó licores, aguardientes, vinos, cervezas, cigarrillos, tabacos y elementos secos, entre ellos tapas, etiquetas, estampillas, envases y otros materiales asociados con la comercialización ilegal. Los productos fueron decomisados en diferentes municipios de Nariño, especialmente en Pasto y en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.
La subsecretaria de Rentas, Paola Viteri Salazar, informó que las mercancías tenían un valor comercial estimado de $1.678 millones y provenían de los procedimientos de control y fiscalización adelantados durante 2024. Estas acciones buscan evitar que los productos decomisados regresen al mercado y fortalecer la protección de las rentas departamentales.
El acompañamiento de los organismos de control permitió verificar diferentes aspectos del procedimiento. Andrés Darío Riascos, subdirector administrativo y delegado de la Contraloría Departamental, explicó que la entidad participó en la jornada para comprobar su desarrollo y respaldar las actuaciones contra el contrabando.
Por su parte, Luisa Fernanda Gómez, personera delegada en vigilancia administrativa de Pasto, destacó la revisión de las actas, las cantidades, las fechas y los registros de incautación como elementos para verificar la trazabilidad del procedimiento.
La disposición final se realizó mediante procedimientos diferenciados, según las características de cada producto. La jornada incluyó el vertimiento de líquidos, la ruptura de envases y la destrucción física de cigarrillos, tabacos y otros elementos que no pueden reincorporarse al comercio.
Diana Camila Escobar, jefe de ventas de Veolia, explicó el tratamiento aplicado a los residuos. En el caso de los licores, señaló que el proceso contempla la evaporación del alcohol y el aprovechamiento del agua y los azúcares durante la biodegradación, de acuerdo con el tratamiento correspondiente.
Inventario de mercancías destruidas
El balance reporta 134.497 unidades, distribuidas de la siguiente manera:
- 19.817 botellas de licores: $1.189.020.000.
- 20.804 cajetillas de cigarrillos: $166.432.000.
- 14.050 paquetes de tabacos: $112.400.000.
- 68.002 cervezas: $204.006.000.
- 11.824 elementos secos, entre tapas, etiquetas, estampillas, envases, equipos ilegales y otros materiales: $5.912.000.
La Secretaría de Hacienda Departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para adquirir estos productos en establecimientos autorizados y verificar su procedencia legal. La compra de mercancías de origen irregular puede representar riesgos para la salud y afectar los recursos que recibe Nariño por concepto de impuestos al consumo.
Con estas acciones de control, el departamento busca reducir la circulación de productos ilegales, proteger a los consumidores y fortalecer la vigilancia sobre las rentas departamentales, como parte de la gestión pública orientada al bienestar de la ciudadanía.
