Tras las labores de búsqueda y atención adelantadas por las autoridades luego del colapso de una mina artesanal de oro en el sector de Chambero, zona rural del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, entregó el balance de la emergencia.
De acuerdo con el último reporte entregado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, 14 personas fallecieron y siete resultaron heridas. El mandatario departamental confirmó que las labores de búsqueda culminaron y que la atención se concentra ahora en el acompañamiento a las familias afectadas.
“Hay familias enteras que han perdido la vida en este lamentable hecho que nos llena de mucho pesar”, expresó el Gobernador de Nariño, quien manifestó su solidaridad con el municipio y con las familias que perdieron a sus seres queridos.
Esta emergencia vuelve a encender las alertas frente a los riesgos asociados a la minería informal en el departamento. En menos de tres meses, dos colapsos mineros registrados en Nariño dejan 27 personas fallecidas: 14 el día de hoy en Santa Bárbara de Iscuandé y 13 personas el pasado 19 de agosto en Policarpa, además de siete personas lesionadas.
Ante la gravedad de estos hechos, el mandatario departamental reiteró el llamado al Gobierno Nacional para revisar la situación de la minería artesanal y de pequeña escala, así como las condiciones en las que muchas comunidades desarrollan esta actividad, en ocasiones sin las garantías de seguridad necesarias.
El Gobernador Luis Alfonso Escobar solicitó la intervención de las entidades nacionales competentes y la revisión de los procesos pendientes: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional Minera, al Ministerio de Minas y Energía, a que revisemos todas las solicitudes que hay de formalización precisamente de estas zonas”.
Para el Gobierno Departamental, avanzar en estos procesos es fundamental para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad minera, reducir los riesgos asociados a la explotación y proteger la vida de las comunidades que dependen de ella.
La Administración Departamental reiteró que la respuesta a estas tragedias debe trascender la atención de las emergencias y avanzar hacia soluciones institucionales que permitan fortalecer la prevención, impulsar la formalización minera y generar condiciones más seguras para las comunidades. El llamado es a convertir las solicitudes pendientes en acciones concretas que contribuyan a proteger la vida en el territorio.
