Ante los recientes hechos de violencia ocurridos el pasado 2 de abril en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales, la Gobernación de Nariño lideró un Consejo de Seguridad con la participación de autoridades departamentales, nacionales y de la fuerza pública, con el fin de atender de manera integral la crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la zona.
Los enfrentamientos armados entre el grupo delincuencial y de narcotráfico denominado “Los Choleros”, proveniente del Ecuador, y la estructura armada “Comandos de Frontera” han generado un grave impacto sobre la población civil, dejando hasta el momento un saldo alarmante de ocho personas desaparecidas, así como el desplazamiento forzado y confinamiento de habitantes de la vereda perteneciente al Consejo Comunitario Nueva Esperanza, quienes han sido asistidos por las administraciones municipales de Orito y Mocoa en el vecino departamento del Putumayo.
Durante el Consejo de Seguridad se definieron medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de las comunidades. Entre ellas, se destaca el fortalecimiento de la presencia institucional mediante apoyo humanitario y la acción conjunta de las Brigadas del Ejército Nacional 23 de Nariño y 27 de Putumayo. Esta estrategia busca asegurar el control territorial sobre el Río San Miguel, zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, y permitir el retorno seguro de las familias desplazadas, así como la recuperación de la tranquilidad en este territorio.
De manera paralela, y en coordinación con el Ministerio del Interior, se adoptaron medidas de prevención y protección específicas para los tres Consejos Comunitarios y los resguardos indígenas que habitan en la región, con el propósito de salvaguardar su integridad y autonomía frente al aumento de la presencia de actores armados ilegales.
La Gobernación de Nariño reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la paz y los derechos de las comunidades fronterizas, y continuará trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y las entidades competentes para enfrentar los factores de riesgo que amenazan la estabilidad de este territorio del sur del país.
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