El modelo de microgerencia territorial adoptado por el Gobierno Departamental, como estrategia de control y supervisión para asegurar la correcta ejecución de los recursos, destinados a los proyectos en los municipios de Nariño, permite verificar cada etapa de los mismos y garantizar resultados en beneficio de las comunidades.
En una jornada de verificación, la Gobernación de Nariño revisó el avance de obras financiadas a través del Sistema General de Regalías, asegurando la continuidad y cumplimiento de los plazos. Con la puesta en marcha de la plataforma ProyectNar, interventores y supervisores cuentan ahora con una herramienta digital que centraliza la información, facilita la trazabilidad y asegura procesos contractuales más transparentes.
Proyectos aprobados
Para la vigencia 2024 – 2025 se aprobaron 37 proyectos por un valor de 376.660 millones de pesos, con intervenciones en los siguientes sectores:
• Transporte: 19
• Educación: 5
• Agricultura: 6
• Vivienda: 2
• Comercio: 1
• Deporte: 2
• Cultura: 1
• Ambiente: 1
De este total de proyectos, 9 se encuentran contratados por iniciar, 5 en proceso de contratación, 19 en ejecución y 4 entregados a las comunidades.
El compromiso se refleja en proyectos como la construcción de la glorieta de acceso a la terminal de transporte de Túquerres. Juan Manuel Zuñiga, director de obra, destacó que el seguimiento estricto permite mejorar los procesos contractuales y la entrega de obras. En la misma línea, Cristian Palacios, Director general del Fondo Mixto FONER, resaltó que la participación activa de la Gobernación asegura que los recursos lleguen a las regiones.
Por su parte, la Secretaria de Planeación Departamental, Lized López Erazo, ratificó que la microgerencia exige la articulación de instituciones, ejecutores y supervisores municipales. “Este ejercicio busca cumplir metas físicas y financieras que responden a necesidades sentidas en los territorios”, señaló la funcionaria.
En el Plan de Desarrollo “Nariño, Región País para el Mundo”, la microgerencia se consolida como un instrumento político y técnico que impulsa la transformación regional, la transparencia y la construcción de paz territorial, en un trabajo articulado con alcaldías municipales y entidades ejecutoras, como un modelo de gestión pública transparente, eficiente y en sintonía con las prioridades ciudadanas.
