Pequeños mineros, autoridades locales y comunidades indígenas participaron en los encuentros territoriales “Minería para la Vida – Distritos Mineros”, realizados en los municipios de Samaniego y Los Andes Sotomayor. La iniciativa fue liderada por el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la Gobernación de Nariño, la Agencia Nacional de Minería, la DIAN, Corponariño y las alcaldías municipales.
Durante las jornadas, los asistentes recibieron orientación técnica, jurídica y ambiental sobre formalización minera, asociatividad, seguridad en labores extractivas, inscripción y actualización del RUT, así como mecanismos de acceso a servicios financieros digitales. Estas acciones consolidan una ruta hacia una minería legal, segura y con enfoque territorial.
Diana Carolina Ortiz Ramírez, contratista de la Subsecretaría de Minas, informó: “Desde 2023 se han realizado 58 visitas técnicas, con atención a 117 mineros. Además, se apoyaron dos solicitudes de reserva especial y se avanzó en trámites ante el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería”.
Giovanni Cárdenas, líder del resguardo La Montaña en el Municipio de Samaniego y miembro de la cooperativa MINSASPI, expresó su respaldo a la creación del distrito minero, siempre que incluya un enfoque comunitario. Afirmó: “La formalización debe eliminar barreras y respetar los saberes ancestrales para construir una política justa para el pequeño minero”.
Desde el corregimiento Las Minas en el Municipio de Túquerres, Eliseo Giovanni Riascos valoró el respaldo institucional y manifestó que gracias a estos espacios ahora comprenden cómo ingresar al marco legal, comercializar el oro sin intermediarios y contribuir al desarrollo de sus territorios mediante el pago de regalías.
Rodrigo Duque, asesor del despacho de la Gobernación, señaló que la gobernanza minera se fortalece con articulación institucional. Subrayó: “El reconocimiento del pequeño minero no solo impacta la economía, también es clave para consolidar la paz territorial”.
“La Minería para la Vida” se consolida como una política pública que transforma realidades, dignifica el trabajo minero y abre caminos hacia la legalidad y el desarrollo regional.
