Con el propósito de destrabar la inversión en infraestructura social y dar solución a la situación jurídica de bienes de uso colectivo, la Secretaría de Agricultura del departamento realizó la sesión extraordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En el encuentro participaron alcaldes junto a sus equipos técnicos.
- Socialización del procedimiento para adjudicar predios baldíos a entidades territoriales.
- Regularización de terrenos donde funcionan servicios comunitarios en áreas rurales.
- Viabilización de proyectos de infraestructura social y acceso a recursos públicos.
Durante la jornada, la ANT expuso la ruta para formalizar predios en los que operan instituciones educativas, sistemas de acueducto, cementerios, puestos de salud, escenarios deportivos y salones comunales. Este proceso permite a los municipios obtener titularidad y habilitar intervenciones en beneficio de la población.
El delegado de la entidad, Javier Marín, explicó que este mecanismo brinda seguridad jurídica sobre bienes públicos rurales y abre la posibilidad de inversión institucional. Señaló que la claridad en la propiedad de los terrenos permite ejecutar proyectos que antes no avanzaban por falta de soporte legal.
Además, indicó que la ANT acompañará a las alcaldías con asesoría técnica y jurídica en cada fase, de acuerdo con la normatividad vigente.
Por su parte, Andrés Acosta, funcionario de la Secretaría de Agricultura Departamental, resaltó que la convocatoria respondió a una necesidad reiterada de los municipios. Precisó que este proceso facilita la ejecución de iniciativas locales y contribuye al cumplimiento de metas asociadas a la Reforma Rural Integral.
También advirtió que la ausencia de legalización ha frenado múltiples intervenciones en zonas rurales, especialmente en infraestructura productiva y agroindustrial, debido a la falta de titularidad de los predios.
Desde la representación comunitaria, Amparo de Chamorro valoró el alcance de la iniciativa. Indicó que este procedimiento representa una oportunidad significativa, ya que anteriormente no era posible destinar recursos públicos a estos espacios por la indefinición jurídica de los terrenos.
La Administración Departamental mantiene su compromiso con la articulación institucional y promueve instrumentos legales que permiten a los municipios intervenir en infraestructura comunitaria, dinamizar la economía rural y mejorar las condiciones de vida en el territorio.
