Ordenar la actividad minera para convertirla en un eje real de desarrollo territorial fue la acción liderada por la Administración Departamental en el Municipio de La Llanada, donde se sostuvo un diálogo directo con autoridades locales, organizaciones mineras y comunidad para analizar el impacto social, económico y productivo de este sector en Nariño.
Durante un recorrido por minas subterráneas del Municipio, la visita a una planta de beneficio, el encuentro con mineros de la subregión de Abades y alcaldes de La Llanada y Los Andes Sotomayor, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, constató las condiciones en las que opera la actividad minera, así como la necesidad de avanzar hacia un modelo organizado, legal y sostenible.
El mandatario departamental afirmó que el ordenamiento de la minería debe estar acompañado de instrumentos concretos desde el territorio, entre ellos la creación de una promotora minera público-privada.
“Ordenar la minería es una decisión estructural de desarrollo. No se trata solo de sacar oro, sino de reorganizar toda la cadena de valor para que la riqueza se quede en el territorio, se convierta en renta pública, en infraestructura, en bienestar para las comunidades y en paz con economía real”, señaló Luis Alfonso Escobar, al explicar que esta iniciativa permitirá transformar lo que se extrae en valor agregado para el departamento y fortalecer los procesos de formalización minera.
En concreto, la promotora minera busca:
• Ordenar la minería con control institucional y enfoque territorial.
• Generar valor agregado, transformando los minerales en productos útiles como materiales de construcción, insumos para la agricultura y energía.
• Impulsar el desarrollo económico local, creando nuevas rentas para los municipios.
• Integrar minería, agroindustria y energía en un complejo productivo que fortalezca la economía regional.
• Convertir la riqueza del subsuelo en bienestar social, promoviendo legalidad, empleo y paz territorial en el departamento de Nariño.
Uno de los temas centrales del diálogo, fue la problemática estructural del sector: aunque el oro se produce y se extrae en Nariño, gran parte de su legalización y comercialización se realiza fuera del departamento, lo que impide que las regalías y el valor agregado permanezcan en los municipios productores.
Esta realidad fue respaldada por los actores del territorio. Guillermo Riascos, gerente de la Cooperativa del Distrito Minero del municipio de La Llanada, explicó que la informalidad reduce el impacto económico de la actividad minera: “Si logramos formalizar la minería, hablamos de recursos reales para el municipio y el departamento, que hoy no se reflejan en obras ni en inversión social”.
Desde la organización comunitaria, Melissa Cadena, representante legal de la Asociación de Mujeres Mineras Madre Tierra, destacó el papel de las mujeres en la transformación del sector: “Somos más de 110 mujeres vinculadas a la actividad minera. La apuesta por el valor agregado, como la orfebrería, dignifica nuestro trabajo y abre nuevas oportunidades económicas”.
Por su parte, el minero Edison Javier Mora subrayó que el ordenamiento del sector debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias: “El minero es el motor económico del municipio y la formalización debe reflejarse en salud, bienestar y seguridad laboral”.
Como respuesta a estos desafíos, la Gobernación de Nariño avanza en el fortalecimiento de su capacidad técnica desde la Secretaría de Minas y de las Transiciones Energéticas, liderando procesos de formalización, articulación con el ordenamiento territorial y la construcción de una política minera que conecte la actividad con infraestructura, agro, energía, ciencia y tecnología.
La jornada desarrollada en el Municipio de La Llanada, con la participación de los alcaldes de La Llanada y Los Andes Sotomayor, integrantes de la Cooperativa de Distrito Minero de La Llanada, de la Asociación de Mujeres Mineras de La Llanada y de la Asociación de Mineros de Túquerres, permitió trazar una hoja de ruta para reorganizar la minería en Nariño y consolidarla como un pilar de desarrollo sostenible y de paz territorial.
