En una reunión sostenida en el Ministerio de Hacienda, los gobernadores del país y el Gobierno Nacional avanzaron en acuerdos cruciales para evaluar los impactos del Decreto 1474 de 2025 sobre las finanzas territoriales, garantizando la sostenibilidad fiscal de los departamentos y la protección de los derechos sociales que se financian con rentas propias.
Durante el encuentro, el Gobierno Nacional reiteró que, de acuerdo con la propuesta expuesta por el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en caso de presentarse afectaciones en los ingresos departamentales por cambios en los impuestos a licores y tabaco, la Nación asumirá los mecanismos de compensación necesarios. Asimismo, ratificó el sustento constitucional de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica y la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando como prioridad nacional.
En este escenario, el Gobernador de Nariño, lideró una postura propositiva basada en criterios jurídicos y técnicos. El mandatario departamental señaló la importancia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los decretos de emergencia y propuso incorporar medidas de salvaguarda adicionales que protejan a los departamentos frente a eventuales caídas en el consumo legal y en sus rentas.
“El análisis que sustenta estas medidas se basa en un mercado de licores que hoy ya no existe. Pasamos de un esquema de monopolio a uno de libre competencia, y eso cambia por completo el comportamiento del consumo y de los ingresos territoriales”, explicó el Gobernador, al recordar que en Nariño las rentas por licores se redujeron de 69 mil a 39 mil millones de pesos tras la apertura del mercado.
Gracias a esta intervención, se acordó la conformación de una mesa técnica permanente entre los departamentos y el Ministerio de Hacienda para hacer seguimiento al comportamiento de los tributos, evaluar impactos reales y definir mecanismos de compensación oportunos, especialmente de cara a la ejecución del presupuesto de 2026.
El Gobernador de Nariño reiteró que esta discusión no es política, sino de responsabilidad fiscal y protección de derechos: “Anticiparse, sustentar con datos y exigir compensaciones cuando corresponda es una obligación con la ciudadanía. Esa es la manera seria y responsable de gobernar”.
Desde Nariño, el Gobierno Departamental reafirma su compromiso con el diálogo institucional, la defensa técnica del territorio y la construcción de soluciones conjuntas que permitan atender la emergencia económica sin debilitar las finanzas de los departamentos ni afectar la inversión social.
