La Gobernación de Nariño, en coordinación con la Armada Nacional de Colombia, activó un operativo logístico para garantizar el ingreso de ayudas humanitarias al Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, afectado por las inundaciones provocadas por el incremento de las lluvias durante el presente mes. La acción prioriza la atención de comunidades rurales y urbanas en un territorio con limitadas condiciones de acceso.
Como parte de la respuesta inmediata, el departamento dispuso el envío de 1.200 mercados, 1.200 kits de aseo, 1.200 cobijas y 350 colchonetas. Las ayudas fueron acopiadas en el Distrito de Tumaco y serán transportadas por vía fluvial hasta el Municipio de Santa Bárbara, con el objetivo de atender a las familias damnificadas por la emergencia.
El Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Ocaña Aguirre, destacó el papel de la Armada Nacional para hacer posible el ingreso de la asistencia. “Estamos atendiendo una emergencia que deja cerca de 2.400 familias damnificadas y aproximadamente 200 viviendas destruidas”, señaló Ocaña Aguirre.
El funcionario explicó que la atención inicial contempla más de 2.200 ayudas humanitarias, con aportes del Gobierno Departamental y de la Federación Nacional de Departamentos, orientadas a suplir necesidades básicas de alimentación y elementos esenciales. “Estas acciones buscan aliviar de manera inmediata la situación de las familias que perdieron sus alimentos, cultivos y medios de subsistencia”, agregó.
Desde el componente operativo, la Armada Nacional garantiza el traslado seguro de los insumos hacia el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, como parte de la respuesta interinstitucional frente a la temporada invernal. “Trabajamos de manera articulada con las autoridades departamentales y municipales, embarcando ayudas humanitarias que serán transportadas hacia Santa Bárbara de Iscuandé, municipio que ha sido fuertemente afectado por la actual temporada de lluvias”, manifestó el Coronel Jorge Enrique González Orejuela, Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería de Marina en Tumaco.
El impacto de la emergencia se concentra en zona rural como en el casco urbano. El consolidado preliminar reporta afectaciones en 42 veredas, un resguardo indígena, cinco consejos comunitarios y una junta del sector urbano. En total, se registran 2.443 familias afectadas, de las cuales 1.443 corresponden al área rural y 1.010 al casco urbano, además de cerca de 200 viviendas destruidas.
Frente a esta situación, el Acalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barros Pinillos, agradeció el acompañamiento institucional y resaltó la presencia del departamento y la Nación en el territorio como un respaldo para atender la calamidad y avanzar en el proceso de recuperación del municipio.
Las afectaciones han impactado de forma directa la vida cotidiana de numerosas familias. Mariana Cundumí, habitante del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, relató: “Cuando el agua empezó a subir no tuvimos dónde poner nuestras cosas. Se mojó todo y lo único que pensamos fue en salvar la vida. Perdimos lo poco que teníamos y hoy necesitamos ayuda porque quedamos sin nada”.
De manera paralela a la entrega de ayudas, las entidades mantienen el proceso de verificación de daños y la consolidación del censo de afectados. El Personero municipal, Luis Toloza, indicó que el acompañamiento institucional continúa para garantizar que el apoyo del departamento y del Gobierno Nacional se mantenga y avance hacia la reconstrucción.
Mientras avance la atención humanitaria y se consolida el balance total de afectaciones, la Gobernación de Nariño y las entidades articuladas sostienen su presencia en el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, con el propósito de llegar a las comunidades más apartadas y respaldar a las familias en su proceso de recuperación tras una de las emergencias invernales más severas registradas en el municipio.
Con una alianza entre la Gobernación de Nariño, la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad de Nariño, inició el programa académico que forma líderes y lideresas de los territorios más golpeados por el conflicto para transformar la paz desde el conocimiento, la interculturalidad y la acción colectiva.
El Municipio de Túquerres fue escenario del comienzo de la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, una apuesta estructural por la educación como herramienta de transformación social y construcción de paz en Nariño. El programa, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y el respaldo académico de universidades públicas y privadas, reúne a 45 estudiantes provenientes de nueve subregiones del departamento, muchos de ellos víctimas del conflicto armado, jóvenes líderes, mujeres y representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.
La maestría surge como respuesta a necesidades reales del territorio. Así lo explicó Camilo Rocha, Vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, quien resaltó que el programa es el resultado de un proceso participativo de varios años, construido desde las voces del departamento. “La paz no se decreta. Se construye entendiendo las múltiples dimensiones del conflicto y llevando el conocimiento a acciones reales que transformen la vida en los territorios”, afirmó, destacando el reto de convertir la formación académica en impactos concretos y sostenidos.
Desde las comunidades, el significado del programa se vive como una oportunidad histórica. Dayana Bisbicus, consejera de educación del Pueblo Awá, subrayó que la maestría permite fortalecer la identidad cultural y el “vivir bien” desde la interculturalidad. “No se trata solo de formarnos, sino de llevar este conocimiento a nuestras comunidades para que la paz deje de ser un sueño y se convierta en una realidad en nuestros territorios”, señaló.
Una visión compartida por Gisela Angulo, lideresa juvenil, y Jeison Gómez, representante de víctimas de la subregión Cordillera, quienes coincidieron en que este proceso académico no solo transforma proyectos de vida individuales, sino que fortalece liderazgos locales comprometidos con la reconciliación. Ambos destacaron la diversidad cultural del grupo como una riqueza que permite comprender otras realidades y construir soluciones colectivas para territorios históricamente afectados por la violencia.
Para la Administración Departamental, esta maestría es un proyecto bandera. Rodrigo Duque, coordinador del programa Nariño Superior, afirmó que se trata de una inversión estratégica para el presente y el futuro del departamento. “Estamos cualificando liderazgos que ya trabajan por la paz en sus municipios. Esta formación les da herramientas técnicas, académicas y éticas para servir mejor a sus comunidades y fortalecer la paz desde lo local”, explicó el funcionario.
La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial se desarrollará durante tres semestres, con la participación de docentes nacionales e internacionales, sabedores locales y universidades aliadas. Más que un programa académico, representa una decisión política y colectiva: hacer de la educación un camino real para la reconciliación, la justicia social y la paz territorial en Nariño.
La Administración Departamental destinará más de 125 mil millones de pesos al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el fin de garantizar la prestación continua del servicio.
Un total de 110 mil estudiantes retornaron a las 242 instituciones educativas ubicadas en 61 municipios no certificados del departamento, con el inicio del calendario escolar 2026, que contempla 40 semanas lectivas, organizadas en tres periodos académicos y dos recesos escolares.
Directivos de la Secretaría de Educación Departamental visitaron establecimientos educativos en los Municipios de Ricaurte, La Unión, Sandoná y Consacá, donde dieron la bienvenida a los estudiantes y atendieron inquietudes de padres de familia, docentes y equipos directivos.
Como resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, todos los estudiantes matriculados iniciaron el año escolar con acceso al Programa de Alimentación Escolar. Al respecto, Berby Sánchez, Subsecretario de Planeación y Cobertura Educativa, destacó que en 2026 la inversión destinada al PAE se duplicó, lo que permite cubrir el 100 % del calendario escolar.
Durante las jornadas territoriales también se realizó la entrega de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura educativa. Así lo señaló Yunis Caicedo Guerrero, Rectora de la Institución Educativa Escuela Normal San Carlos: “Recibimos 30 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Departamental, que contribuirán al mejoramiento de nuestra institución”.
Para este año se proyecta el retorno de cerca de 119 mil estudiantes al sistema educativo oficial. En ese sentido, Edie Ezequiel Quiñones, subsecretario Administrativo y Financiero Departamental, informó que la planta docente se encuentra estabilizada e invitó a padres de familia, comunidad educativa y autoridades civiles a sumarse a la búsqueda activa, con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña o adolescente permanezca por fuera del sistema escolar.
Garantizar comunicación, educación, acceso a la salud y oportunidades económicas, así como la posibilidad de comercializar los productos de la región a través de redes sociales y plataformas digitales, es hoy una realidad para más de 4.000 habitantes de la vereda Chajal, en el Distrito Especial de Tumaco, gracias a la instalación de tres antenas de internet satelital con sistema de carga mediante paneles solares, que permiten conexión wifi gratuita y continua, incluso en ausencia de energía eléctrica.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, visitó este territorio del Pacífico nariñense para verificar el funcionamiento del sistema de conectividad, instalado el 9 de octubre de 2025 y dialogar con la comunidad sobre los beneficios y los retos técnicos del proyecto. Actualmente, el servicio registra más de 1.900 personas conectadas y un consumo superior a 7,5 teras de datos en más de 100 días de operación.
“El compromiso es cumplir lo que se promete. Antes, la comunidad no tenía cómo comunicarse y debía comprar pines o pagar minutos. Hoy cuenta con internet satelital permanente, alimentado por paneles solares. Esta conectividad beneficia a jóvenes, adultos y familias completas, no solo para comunicarse, sino también para estudiar, vender y emprender. Así se transforma el territorio y se construye paz”, afirmó el Gobernador Luis Alfonso Escobar.
Para la comunidad, el impacto ha sido inmediato. Yamile Castro, habitante de Chajal, relató cómo el acceso a internet cambió su cotidianidad: “Antes tocaba recargar, comprar PIN para tener internet. Ahora tengo señal todo el tiempo, puedo comunicarme con mi familia, estar pendiente de mis hijos y hacer llamadas sin dificultad. Aquí estamos felices y agradecidos, porque esto nunca se había dado”.
En el mismo sentido, José Ulloa resaltó que la conectividad facilita el acceso a la información y la comunicación constante con sus seres queridos. Señaló que: “Ahora puede mantenerse informado y comunicarse sin necesidad de desplazarse para adquirir recargas o pines”.
Aunque el balance es positivo, la comunidad también ha identificado retos relacionados con la cobertura y la velocidad del servicio. Guillermo Cortés Cabezas, vicepresidente de la comunidad de Chajal, explicó que “el servicio es bueno y beneficia a muchas personas, pero es importante mejorar la potencia porque la vereda es grande y numerosa. Aun así, los estudiantes, las familias y quienes tienen parientes lejos pueden acercarse a los puntos de señal para estudiar, investigar o comunicarse”.
Desde el componente técnico, la Subsecretaria de Innovación de Nariño, Jennifer de la Cruz, resaltó que el sistema es autosostenible y cuenta con impacto social comprobado. “Este modelo tecnológico, conformado por tres zonas de internet satelital con paneles solares, registra entre 600 y 650 conexiones diarias. Contribuye a la educación, la salud, la investigación, la inclusión digital y puede operar incluso cuando no hay energía eléctrica”, precisó la funcionaria.
Las observaciones y necesidades de la comunidad fueron recogidas durante el recorrido territorial liderado por el Gobernador de Nariño y el equipo técnico de la Secretaría TIC, en el ejercicio de caminar la palabra y verificar el cumplimiento de compromisos, así como de fortalecer la cobertura y proyectar la replicabilidad del modelo en otros territorios del departamento.
Con iniciativas de conectividad gratuita que fortalecen la educación, el acceso a la información, la comunicación permanente y la economía local, Nariño avanza en la transformación social y en la construcción de paz en los territorios históricamente excluidos de la costa pacífica.
Erradicar la guerra para sembrar paz fue el mensaje que marcó la jornada histórica vivida en el corregimiento de Llorente, Distrito de Tumaco donde el Presidente de la República, Gustavo Petro y el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, entregaron tierras a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la costa pacífica nariñense, haciendo realidad un sueño postergado por décadas que abre caminos de vida, dignidad y futuro en el territorio.
La presencia conjunta del Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño representó un hito para una región históricamente golpeada por la violencia y el abandono, y que hoy avanza hacia la transformación territorial gracias a la decisión de las comunidades de dejar atrás la ilegalidad y apostarle a la producción de alimentos, la legalidad y la paz.
Durante su intervención, el Presidente Gustavo Petro afirmó que la paz se construye cuando la palabra del pueblo se convierte en decisión colectiva. “El camino de la paz no lo marca un discurso ni una poesía; lo marca el pueblo cuando convierte la palabra en decisión. Cuando las comunidades dicen que los cultivos ilícitos solo llevan a la sangre y que la paz está en construir una vida diferente, no son simples palabras: es la realidad que hoy vive Tumaco. La violencia no nace de la tierra, sino de su uso codicioso”, señaló.
El Gobierno Nacional informó que en Tumaco se han erradicado voluntariamente 2.835 hectáreas, hoy destinadas a la siembra de alimentos y economías legales, entre ellos, cacao, yuca, plátano, palma y aguacate, como resultado de un proceso concertado con las comunidades. Esta transformación permite contener los cultivos ilícitos y debilitar las economías criminales en un contexto en el que el país alcanzó en 2025 la mayor incautación de cocaína de su historia.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, destacó que la paz que hoy se construye en Tumaco es fruto del cumplimiento y la presencia real del Estado en el territorio. “Tumaco pasó de ser uno de los municipios más violentos del país a cerrar 2025 con una de las tasas de homicidio más bajas. Durante 35 años fue el primer municipio en siembra de coca y hoy ya no lo es. Esto no se logró persiguiendo campesinos, sino entregando tierra, dialogando y sustituyendo cultivos ilícitos por economías legales. Hoy aquí estamos haciendo la paz”, expresó el mandatario departamental.
Por su parte, la Directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, dio a conocer que este proceso se construyó escuchando a las comunidades y rompiendo con las prácticas del pasado. “Hoy son más de 22.000 familias en Tumaco las que avanzan en procesos de sustitución. No llegamos con fumigaciones ni con imposiciones; llegamos a preguntar y las comunidades nos dijeron que querían dejar la coca. Este programa se sostiene en transformación territorial, proyectos productivos y acceso a la tierra”, indicó la funcionaria.
Desde las comunidades indígenas, la entrega de tierras fue asumida como un acto de vida y esperanza. José Melo Chingal, integrante del Consejo de Mayores del Resguardo Magüí – UNIPA, afirmó que el territorio es la base de la existencia. “El indígena no vive sin territorio; territorio es vida. Hoy agradecemos al Presidente y al Gobernador de Nariño porque llegaron al territorio. No queremos coca, queremos tierra para sembrar comida y vivir en paz. Sin tierra no hay futuro”, señaló.
En el mismo sentido, Hernando Rodríguez Paí, guardia indígena del resguardo La Brava – ORIPAP, destacó que esta decisión impacta a todo el pueblo Awá. “Este es un sueño que esperábamos desde hace muchos años. Estas tierras no solo benefician a un resguardo, sino a todo el pueblo Awá de Tumaco. Aquí está el desarrollo: cambiar los cultivos ilícitos por economías legales, generar empleo y darles futuro a nuestros jóvenes”, expresó.
La entrega de tierras en Llorente ratifica el compromiso del Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño con erradicar la guerra desde la raíz y sembrar paz con hechos, junto a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Pacífico nariñense.
Ni la lluvia intensa, los caudales crecidos ni las difíciles condiciones climáticas impidieron que las comunidades de 11 territorios pertenecientes a la organización indígena ORIPAP (Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico) dieran inicio a un proceso histórico de transformación productiva, basado en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la construcción de economías lícitas con enfoque social y comunitario.
En un hecho sin precedentes para el Pacífico nariñense, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, llegó hasta el resguardo indígena El Remanso, vereda del corregimiento de Llorente, en el Distrito Especial de Tumaco, donde se dio inicio oficial a la erradicación voluntaria de 198 hectáreas de cultivos de coca, como parte de las 2.800 hectáreas que retornan a manos campesinas e indígenas, reafirmando el compromiso del Gobierno Departamental de cumplir la palabra y llegar a los territorios históricamente excluidos.
“Este es un mensaje claro de respaldo al Gobierno Nacional y al presidente de la República: aquí hay voluntad real de las comunidades para dejar atrás la coca y construir paz desde la tierra. A quienes debemos perseguir es a los grandes narcotraficantes, a quienes financian la guerra; no a los campesinos que hoy apuestan por la legalidad”, señaló el Gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, destacando que este proceso demuestra que la erradicación concertada es posible cuando el Estado camina junto a las comunidades.
Este avance es resultado del trabajo interinstitucional entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, la Agencia Nacional de Tierras y las comunidades indígenas del pueblo Awá, que han expresado su decisión colectiva de transformar sus territorios en escenarios de paz y desarrollo.
“Para nosotros, como autoridades indígenas, ser propietarios de la tierra significa vida, autonomía y futuro. Hoy demostramos que queremos cuidar el territorio y dejar una herencia distinta para nuestros hijos”, afirmó William Alberto García, gobernador del resguardo indígena Piguambí Palangala.
La transición productiva contempla cultivos como yuca, plátano, cacao, palma, aguacate y ganadería, aprovechando la fertilidad del suelo y el acompañamiento institucional para garantizar sostenibilidad y comercialización. Para las comunidades Awá, este proceso representa una apuesta directa por el futuro de sus familias y de las nuevas generaciones.
“Estamos pensando en nuestros jóvenes, en que no tengan que repetir la historia de la violencia ni depender de economías ilegales. Queremos sembrar vida, trabajo y dignidad en nuestros territorios”, señaló Sandra Zúñiga, componente de mujeres de la organización indígena ORIPAP.
Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hace parte activa del proceso de erradicación y formalización de la propiedad, se resaltó la importancia de garantizar seguridad territorial y acompañamiento permanente a las comunidades.
“La tierra en manos de los pueblos indígenas es una garantía de paz, de protección del territorio y de pervivencia cultural. Este proceso demuestra que sí es posible construir soluciones desde el diálogo y el respeto”, expresó William Guanga, coordinador de la Guardia Indígena de la ONIC.
En una sola voz, las comunidades celebraron el inicio de este proyecto de entrega y formalización de tierras, que marca un nuevo rumbo hacia la legalidad y deja atrás décadas de violencia asociada a los cultivos ilícitos.
“Hoy comenzamos a escribir otra historia para nuestros territorios, una historia donde la tierra vuelve a ser sinónimo de vida y no de guerra”, manifestó Alberto Marín, representante de ORIPAP.
Por su parte, Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que este proceso representa un ejemplo concreto de la política de sustitución concertada del Gobierno Nacional y del reconocimiento de la voluntad comunitaria como eje de la lucha contra las drogas.
“La decisión del Estado es clara: comprar y entregar tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Para eso se requiere un compromiso de sustitución voluntaria, acompañado de proyectos productivos, infraestructura y garantías para que las familias puedan vivir dignamente de economías legales”, afirmó.
Este avance sirve como antesala a la visita del presidente Gustavo Petro al Distrito Especial de Tumaco, donde se acompañará de manera oficial el inicio de este proyecto transformador para el pueblo indígena Awá, el Distrito Especial de Tumaco y las comunidades étnicas de Nariño, consolidando un paso firme hacia la paz territorial.
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