La estrategia Nariño Superior llevará la oferta de educación superior gratuita, ahora, a siete municipios del departamento en 2026, con programas técnicos, tecnológicos y profesionales dirigidos a jóvenes que buscan continuar su formación sin salir de sus territorios.
• La política de gratuidad ¨Puedo Estudiar¨ del Gobierno Nacional ofrece 15 programas académicos.
• Municipios priorizados: Policarpa, Samaniego, Los Andes, La Cruz, Albán, Sandoná y Ricaurte.
• Inscripciones abiertas hasta el 16 de junio de 2026 en las alcaldías municipales.
La Administración Departamental, en articulación con las administraciones locales y con lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, avanza en la ampliación de cobertura en educación superior. En este proceso, la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia (TdeA) presentó su oferta académica con programas definidos según las necesidades de cada territorio.
De acuerdo con Luz Elena Mira, decana de la Facultad de Derecho de la TdeA, el 99 % de los estudiantes vinculados a la institución accede a la política de gratuidad, lo que permite cursar estudios sin costo de matrícula, asumido por el Gobierno Nacional.
“Atendiendo la invitación de la Gobernación de Nariño, visitamos siete municipios para presentar una oferta de 15 programas académicos, seleccionados según su pertinencia y el interés de las comunidades. La propuesta incluye formación integral con desarrollo de habilidades y participación en procesos de bienestar, investigación y extensión”, explicó la decana.
El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 16 de junio de 2026. Los aspirantes podrán registrarse a través de las plataformas dispuestas por las alcaldías, donde encontrarán un código QR que facilita el acceso al formulario. Los estudiantes asumirán únicamente costos administrativos como inscripción, carné y seguro, por un valor que no supera los 30.000 pesos.
El coordinador de Nariño Superior, Rodrigo Duque, indicó que esta iniciativa acerca la educación superior a los municipios y reduce la necesidad de traslado hacia ciudades como Cali, Medellín o Bogotá. “La educación superior se proyecta como un pilar para la construcción de paz territorial, con oportunidades de formación para la juventud”, señaló el funcionario.
El programa no exige puntaje mínimo en las pruebas Saber ni establece límites restrictivos de cupos, lo que facilita el acceso de población vulnerable y víctimas del conflicto, con el propósito de asegurar la continuidad entre la educación media y la superior.
William Álvarez, personero del Municipio de Mallama, afirmó que esta alternativa abre nuevas oportunidades para jóvenes de sectores como Piedrancha, San Miguel y la vereda Puscuet. “Estudiar en el propio municipio elimina barreras económicas y de movilidad, además de reducir riesgos sociales que afectan a la juventud”, expresó.
El modelo académico combina encuentros presenciales con herramientas virtuales, lo que permite avanzar en la formación sin abandonar el entorno familiar. Esta modalidad amplía las posibilidades de acceso y permanencia en la educación superior.
En un ejercicio participativo se desarrolló la Rendición de Cuentas para Infancias, vigencia 2025, espacio en el que niños, niñas y adolescentes evaluaron y calificaron los programas, proyectos y estrategias ejecutados por la Administración Departamental en su beneficio.
- Se ejecutaron recursos por $589.752.000 a través de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.
20.000 niños, niñas y adolescentes beneficiados con procesos educativos y pedagógicos.
- Fueron destinados $103.982.000 al Programa de Alimentación Escolar para 118.736 estudiantes atendidos.
“Las acciones dirigidas a la niñez evidencian un compromiso estratégico de la Gobernación de Nariño con la construcción de paz territorial”, afirmó Liliana Montúfar, secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social, durante la rendición de cuentas.
La funcionaria destacó la estrategia Brigada Protectora, orientada a la prevención de violencias mediante acciones pedagógicas en instituciones educativas. Esta iniciativa tiene presencia en más de 40 municipios y alcanza a 20.000 niños y niñas del departamento.
“No realizamos una rendición de cuentas tradicional. Diseñamos un ejercicio práctico en el que los secretarios expusieron los avances y de forma simultánea, evaluamos los resultados con calificaciones representadas en estrellas, según su nivel de cumplimiento”, explicó Cristian David Pantoja, integrante de la Mesa Departamental de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (MDNNA).
El Gobernador encargado, Fredy Gámez Castrillón, escuchó las inquietudes de los participantes y aseguró que la rendición de cuentas garantizó la participación activa de la niñez en la valoración de la ejecución del Plan de Desarrollo “Nariño, Región País para el Mundo”.
Además, destacó el liderazgo de la secretaria Lilian Montúfar y de su equipo en la consolidación de espacios que promueven la libre expresión de niños y niñas.
Samara Yalena Correa, integrante de la Mesa y representante de Tumaco, reconoció avances en el cumplimiento de compromisos con la niñez. Sin embargo, señaló la necesidad de mantener y fortalecer las iniciativas que atienden problemáticas persistentes en los territorios.
Al cierre del evento, los participantes recibieron carnés e indumentaria que los identifican como integrantes de la MDNNA. Este reconocimiento consolida su sentido de pertenencia y compromiso con sus comunidades.
Este ejercicio afianza la transparencia institucional y promueve la confianza entre la ciudadanía y el gobierno, a partir de una relación basada en el respeto y la corresponsabilidad.
La defensa de la institucionalidad también pasa por el respeto a la verdad. El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, inició acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de esclarecer las acusaciones que han circulado en su contra, relacionadas con hechos de extrema gravedad y que, según afirmó, carecen de sustento.
- Se adelanta la estructuración formal de una denuncia para que las autoridades competentes determinen el origen y la veracidad de la información difundida.
- El documento que originó la controversia no sería anónimo, lo que implica responsabilidades directas sobre su contenido y circulación.
- El caso trasciende lo personal y plantea la necesidad de proteger el debate democrático frente a la desinformación.
El accionar jurídico busca estructurar una denuncia contundente que permita identificar responsabilidades frente a la difusión de información que, además de afectar su honra personal, compromete el debate público en un momento de alta sensibilidad nacional en medio del panorama electoral.
El Gobernador de Nariño fue preciso en que el camino elegido es el institucional. La decisión de acudir a la justicia busca que los hechos sean esclarecidos mediante pruebas, evitando que versiones no verificadas continúen generando daño reputacional. “Hemos iniciado acciones judiciales para estructurar una denuncia rigurosa. Aquí no estamos frente a un anónimo. Existe un documento con firma y relato, que fue filtrado a medios generando un daño profundo a mi honra como servidor público”.
En su declaración, insistió en que este proceso permitirá establecer con claridad el origen de la información, así como las responsabilidades de quienes participaron en su difusión.
Uno de los elementos centrales de la defensa es la negación categórica de uno de los supuestos contenidos en la denuncia: “El Gobernador del Departamento de Nariño nunca ha estado en Manta. Nunca. Tendrán que demostrar ante la Fiscalía todo lo que dice ese documento”.
Esta afirmación se convierte en un punto de contraste decisivo dentro del proceso, al tratarse de un hecho verificable que será objeto de revisión judicial.
El mandatario también planteó la necesidad de establecer cómo un documento de estas características llegó al escenario público. Según el Gobernador ese documento debió ser puesto en conocimiento de la Fiscalía y no filtrado a los medios de comunicación de manera que afecte, como se ha hecho, la honra de una persona.
Además, el mandatario regional advirtió que este tipo de situaciones pueden tener efectos más amplios en el contexto democrático, especialmente cuando coinciden con escenarios de discusión pública y electoral. “Creemos que hay una manipulación orientada a incidir en el escenario político. Por eso es importante que la verdad se establezca por las vías institucionales”.
Aunque anunció acciones legales, el mandatario también expresó una postura personal frente a lo ocurrido: “Esto debe tener consecuencias jurídicas. Yo actúo por la vía del derecho. Como hombre, dejo en manos de Dios este episodio, pero como servidor público debo defender mi honra y la institucionalidad”.
La conectividad rural en el sur de Nariño avanza con acciones concretas. En el Corregimiento de La Victoria, Municipio de Ipiales, la Administración Departamental adelanta la puesta en operación de maquinaria amarilla que permitirá mejorar el mantenimiento vial y garantizar la movilidad en uno de los corredores productivos más importantes de la zona fronteriza.
- Maquinaria destinada al mantenimiento de 37 kilómetros de corredor vial entre Ipiales y La Victoria.
- Beneficio directo para 15 veredas con vocación agropecuaria.
- Mejoramiento de la conectividad para la comercialización de productos como papa, leche y ganado.
En el desarrollo de la jornada, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que este tipo de acciones responden a una lógica de Gobierno basada en el cumplimiento de la palabra y en la construcción de confianza con las comunidades.
El mandatario departamental insistió en que la presencia institucional en zonas históricamente apartadas no puede quedarse en anuncios, sino que debe traducirse en soluciones concretas que impacten la vida cotidiana de las comunidades.
“Recuperar la confianza implica demostrar que el Estado sí puede responder. Y eso se hace con hechos, garantizando que las decisiones que se toman con la gente se conviertan en realidades en el territorio”, enfatizó el Gobernador de Nariño.
La maquinaria, adquirida en 2025 con una inversión cercana a los $1.500 millones, permitirá intervenir de manera continua las vías rurales, facilitando el tránsito de comunidades y el transporte de productos agrícolas hacia los principales centros de acopio.
Luis Eduardo López Quiroz, secretario de la Institución Educativa La Victoria, destacó el impacto social de esta intervención: “Es la primera vez que vemos una acción de este nivel en el territorio. Esto beneficia a toda la comunidad: transportadores, productores y familias. Esto es progreso para nuestra gente”.
Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura de Nariño, explicó el alcance técnico y operativo de esta intervención: “En La Victoria se puso en funcionamiento una motoniveladora del banco de maquinaria del departamento. La Junta de Acción Comunal estará a cargo de su administración, con acompañamiento institucional en operación y mantenimiento, para asegurar el servicio en este corredor de 37 kilómetros y en las vías veredales”.
Además, la intervención se complementa con la proyección de otras acciones estructurales, como el mejoramiento del banco de maquinaria con equipos adicionales y la estructuración de estudios y diseños en fase III para la pavimentación del corredor vial, con el objetivo de gestionar recursos del orden nacional.
Desde el sector transportador, Fabián Rafael Caicedo subrayó el cambio que representa para la dinámica local: “Con esta maquinaria vamos a solucionar en gran medida las dificultades de nuestras vías. Esta es una región que ha estado aislada, pero hoy se demuestra que cuando hay gestión y se escucha a la comunidad, los resultados llegan. Las vías son fundamentales para que nuestra economía avance”.
Con este tipo de intervenciones, la Gobernación de Nariño impulsa y prioriza el mantenimiento vial rural como eje para la transformación productiva, el cierre de brechas y la consolidación de condiciones que permitan a las comunidades permanecer y prosperar en sus territorios.
En la audiencia convocada por la Asamblea Departamental, el Gobierno de Nariño presentó un balance técnico de la ejecución, confirmando avances concretos y una hoja de ruta de largo plazo del Pacto Por la Vida y la Paz en Nariño.
• 134 proyectos cuentan hoy con cierre financiero y fuentes definidas entre Nación y Departamento, en sectores como vías, agua potable, saneamiento básico y desarrollo agropecuario.
• Articulación de recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Regalías, priorizados con participación territorial.
• El Pacto Territorial se consolida como instrumento de transformación estructural a 10 años, basado en co-responsabilidad institucional y control social.
El Secretario de Planeación Departamental, Armando Rosero, fue claro en el punto central del balance: el Pacto ya está en fase de ejecución. “Hoy tenemos 134 proyectos aprobados con recursos garantizados. Eso significa cierre financiero en sectores primordiales que impactan directamente la calidad de vida: vías, agua potable, saneamiento y proyectos productivos”, explicó.
Entre los avances destacados se encuentran iniciativas estratégicas como la vía Sandoná–Linares, actualmente en trámite ante el Ministerio de Transporte con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos; el sistema de alcantarillado de San Pablo; acueductos en Taminango; y proyectos agropecuarios en la costa pacífica y la región de cordillera.
Más allá de los proyectos, Armando Rosero planteó un desafío: cerrar la brecha entre ejecución institucional y comprensión ciudadana. “El pacto es la articulación de inversiones existentes, priorizadas con las comunidades. Necesitamos reforzar la pedagogía para que la gente entienda que estos proyectos son suyos y que el proceso es de largo plazo”.
Desde la Asamblea Departamental, el Presidente Cristian Díaz Bastidas destacó el papel de control político y seguimiento: “Estamos hablando de una inversión cercana a los 12.2 billones de pesos para los 64 municipios. Esta audiencia permite conocer qué está en ejecución, qué está en proyección y qué se desarrollará en vigencias futuras”.
El Alcalde de Sandoná, Byron Zambrano, destacó el impacto directo del pacto en su municipio: “Tenemos proyectos en marcha como la vía Sandoná–Linares y sistemas de acueducto y alcantarillado. También avanzamos en la llegada de educación superior al municipio. Esto demuestra que el pacto sí está aterrizando en los territorios”.
En la misma línea, el Alcalde de Consacá, Weykman Jojoa Parra, subrayó el alcance regional: “Para la zona occidente hay cinco proyectos proyectados por cerca de 387 mil millones de pesos. Esto es un impulso real para nuestras comunidades. La paz se construye con inversión en territorio, no solo con acuerdos”.
Uno de los mensajes más contundentes de la audiencia vino desde el nivel local. El concejal de Yacuanquer, Sebastián Guerrero, puso el foco en la necesidad de información clara: “La gente necesita entender cómo funcionan estos recursos. Cuando hay información clara, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay paz”. Su intervención evidenció una realidad: el avance del pacto no solo depende de la ejecución técnica, sino de la capacidad institucional de comunicarlo y hacerlo comprensible.
En respuesta, el Gobierno Departamental anunció que replicará estos ejercicios en distintos territorios para acercar la información a las comunidades. La audiencia en Sandoná dejó una señal contundente: la transformación territorial exige algo más que recursos; requiere presencia institucional, explicación pública y corresponsabilidad.
La oportuna reacción y la articulación institucional permitieron activar un corredor humanitario y una respuesta inmediata que garantizó el regreso seguro de 70 jóvenes líderes y lideresas de Nariño, quienes quedaron en medio de confrontaciones armadas en el departamento de Cauca, cuando retornaban tras representar al departamento en el XIII Festival Nacional de la Juventud.
- 70 jóvenes regresaron sanos y salvos a sus hogares en Nariño
- Se coordinaron vuelos humanitarios desde Popayán y un corredor terrestre seguro desde zona de riesgo
- Se brindó alojamiento, alimentación y acompañamiento psicosocial
La contingencia se presentó cuando la delegación se desplazaba por vía terrestre hacia Nariño y quedó en medio de enfrentamientos armados en el sector de Rosas, Cauca. Esta situación obligó a dividir el grupo: una parte permaneció en Popayán, mientras que otra quedó retenida en el municipio de El Bordo, sin posibilidad de avanzar o retornar.
Desde ese momento, la Gobernación de Nariño activó una ruta de atención inmediata que incluyó un contacto directo con el Gobierno Nacional y la articulación de acciones para garantizar el retorno. Se gestionaron vuelos humanitarios para los jóvenes que se encontraban en Popayán y se coordinó un corredor terrestre, con acompañamiento internacional, para quienes permanecían en zona de riesgo.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien recibió a la delegación en la Terminal de Transporte de Pasto, destacó la prioridad de proteger a la juventud y la capacidad de respuesta institucional: “Me alegra mucho que estén aquí; todo lo que se tenga que hacer para que lleguen a sus casas, hay que hacerlo. Disponemos de lo que se requiera para que todos lleguen tranquilos, porque en Nariño creemos en una paz desarmante y perseverante que protege a nuestra gente”.
Jeimy Johana Paredes, consejera de Juventud de Sapuyes, relató el impacto de la situación y el alivio del regreso: “Durante estos días nos sentimos muy vulnerables y con mucha frustración, pero hoy sentimos esa paz que tanto anhelamos. Al pasar por esto, seguimos más que nunca comprometidos con un territorio de paz y con un país más justo; nuestro departamento ha avanzado mucho en proteger la vida”.
Por su parte, Luisa Daniela Mayorga, presidenta del Consejo Departamental de Juventud, resaltó la gestión adelantada para garantizar el retorno: “El Gobernador de Nariño realizó contacto inmediato con el Ministerio del Interior para gestionar los vuelos y el corredor terrestre. Desde el Consejo ratificamos el compromiso de exigir garantías de participación y protección para que ningún líder deba pasar por este tipo de confrontaciones”.
Desde la institucionalidad se lideró una operación articulada que permitió garantizar condiciones de seguridad en el traslado, mediante la coordinación con entidades del orden nacional y organismos internacionales, asegurando el tránsito de los jóvenes y su llegada al departamento sin contratiempos.
El regreso de estos jóvenes también devuelve tranquilidad a sus familias y refuerza el compromiso con la protección de la vida y los derechos de la juventud. La articulación con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y otras entidades permitió una respuesta oportuna y efectiva.
La Gobernación de Nariño continúa impulsando acciones que protegen a sus comunidades y fortalecen la construcción de paz desde los territorios, reconociendo en la juventud un actor fundamental para la transformación del departamento.
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